El presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, han encendido las alarmas institucionales del país al insistir en convocar, por decreto, una consulta popular que ya fue derrotada democráticamente en el Congreso de la República.

Con una votación clara de 49 a 47 en el Senado, la iniciativa de consulta que buscaba legitimar puntos clave de la reforma laboral fue hundida. Incluso el Consejo de Estado, en un concepto reciente, fue enfático al señalar que el trámite en el Senado “culminó” y se convirtió en un “acto definitivo”. Sin embargo, Petro ha decidido avanzar, desconociendo la decisión del Legislativo y pretendiendo imponerla mediante decreto.

¿Democracia directa o autoritarismo encubierto?

Es cierto que las consultas populares son un mecanismo legítimo de participación ciudadana. Pero también es cierto que su activación exige respetar el procedimiento constitucional, en el que el Congreso es parte esencial. Saltarse esa etapa no fortalece la democracia, la debilita. No estamos ante un debate técnico, sino ante una peligrosa tentativa de desconocer el principio de separación de poderes que sustenta nuestra democracia.

Si el presidente decide desconocer el resultado del Congreso para imponer su voluntad, se estaría socavando la legitimidad del sistema que lo eligió. Petro fue elegido presidente, no emperador.

¿Cuál es el verdadero objetivo?

El panorama es aún más preocupante si se considera que, mientras se insiste en esta consulta, el Congreso ha avanzado en la discusión de la misma reforma laboral que el Gobierno quiere llevar a las urnas. ¿Cuál es entonces la necesidad de convocar una consulta popular para algo que ya está siendo tramitado? La respuesta parece más política que jurídica: movilizar emociones, polarizar, alimentar la confrontación.

El Gobierno plantea una consulta con 12 preguntas que en su mayoría ya están incluidas en el proyecto de ley. Eso transforma el ejercicio participativo en una fachada electoral, un acto simbólico para agitar a las bases, más que una herramienta real de transformación.

Desespero, contradicciones y pretextos

Desde el hundimiento de la consulta en el Senado, el Gobierno ha cambiado de argumento varias veces. Primero dijo que no hubo tiempo para votar, luego alegó fraude en el conteo de votos, más tarde aseguró que no se leyó correctamente la proposición. Pero en todos los casos, la evidencia y la legalidad desmienten sus versiones. Incluso sus propios aliados fueron determinantes en el fracaso legislativo.

Como dijo Montesquieu: “Un tirano siempre encuentra un pretexto para sus actos de crueldad.” Lo grave aquí es que esos pretextos se usan no para mejorar el país, sino para erosionar las bases institucionales que garantizan la estabilidad democrática.

Aún hay tiempo para corregir

El presidente Petro fue elegido con la promesa de cambiar a Colombia desde dentro del sistema. Si opta por torcer la institucionalidad, se estaría traicionando a sí mismo y a millones de colombianos que confiaron en que su gobierno respetaría la ley mientras impulsaba cambios.

La historia juzgará si decidió construir país o si prefirió jugar al caudillo. Está a una firma de tomar una decisión que marcará su legado y el rumbo democrático de Colombia. Ojalá prime la razón y no el delirio de omnipotencia.