La iniciativa fue registrada ante la Registraduría a seis meses de las elecciones. El Gobierno insiste en una eventual Constituyente, pese a los obstáculos jurídicos y a los tiempos ajustados del calendario político.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez, el planteamiento pasó del discurso a los hechos con la inscripción formal del comité promotor ante la Registraduría Nacional, en medio de un escenario de tensión política y a pocos meses del inicio del calendario electoral de 2026.

La inscripción se realizó en la tarde de este viernes y fue encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, junto a un grupo de ciudadanos que conforman el comité promotor. Entre los integrantes inscritos figuran Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

Recolección de firmas y plazos

Según explicó Sanguino, el comité espera recolectar “alrededor de 10 millones de apoyos”. No obstante, el requisito legal mínimo es reunir el 5 % del censo electoral, lo que equivale a cerca de 2 millones de firmas.

Una vez validada la inscripción por la Registraduría —proceso que puede tardar hasta ocho días— el comité contará con un plazo de seis meses para recolectar los respaldos ciudadanos. El objetivo, de acuerdo con el ministro, es que la eventual convocatoria sea tramitada con el nuevo Congreso que se elegirá el 8 de marzo de 2026.

Una idea recurrente en momentos de tensión

La propuesta de una Asamblea Constituyente no es nueva en el discurso presidencial. Por el contrario, ha reaparecido de manera recurrente en momentos de estancamiento legislativo o confrontación con el Congreso.

El más reciente antecedente fue el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, episodio tras el cual el presidente Petro sugirió que, de no avanzar las reformas por la vía legislativa, podrían impulsarse a través de una Constituyente.

“La decisión de la Comisión Séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada. Aún el Congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia; si no, se hará en asamblea constituyente”, afirmó el mandatario en ese momento.

Un camino largo y lleno de obstáculos

Aunque la Constitución de 1991 contempla la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, el procedimiento está lejos de ser expedito. El primer paso requiere que Senado y Cámara aprueben una ley para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria, un reto significativo para un Gobierno que ha tenido dificultades para consolidar mayorías parlamentarias.

Superada esa etapa, la iniciativa debe pasar por la revisión de la Registraduría, nuevamente por el Congreso, y luego por el control automático de la Corte Constitucional, un proceso que podría tardar entre cuatro y seis meses, según ha explicado la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

Solo después de ese recorrido se podría convocar a los ciudadanos a votar si aprueban o no la Asamblea, lo que implicaría entre dos y seis meses adicionales de organización electoral.

Con ese calendario, los tiempos juegan en contra del Gobierno. Incluso en un escenario optimista, resulta altamente improbable que una Asamblea Constituyente llegue a materializarse antes del final del actual mandato, que concluye en agosto de 2026.

Críticas institucionales y advertencias

A comienzos de diciembre, el procurador general, Gregorio Eljach, expresó que el país no necesita una Asamblea Constituyente en el momento actual. Según el jefe del Ministerio Público, muchos de los temas planteados pueden resolverse mediante el Congreso de la República, sin acudir a un proceso de enorme envergadura institucional.

Eljach recordó que la Constitución de 1991 tiene apenas 34 años, un periodo corto en comparación con otras democracias consolidadas, y advirtió sobre los riesgos de abrir un proceso de esta naturaleza. “Una constituyente es como un globo: uno sabe dónde lo suelta, pero no sabe dónde va a caer”, señaló.

El procurador también llamó a los partidos políticos a cumplir su papel institucional y a los ciudadanos a ejercer el voto como un derecho y un deber constitucional.

¿Estrategia política o proyecto viable?

Mientras el Gobierno insiste en presentar la Constituyente como una iniciativa popular, sectores críticos sostienen que detrás del proceso estaría desplegado el aparato estatal para impulsarla, pese a que el propio presidente había prometido en el pasado que no promovería un cambio constitucional.

Así, la inscripción del comité promotor vuelve a encender el debate sobre si la propuesta es un globo político, una cortina de humo frente a las dificultades legislativas del Ejecutivo o un proyecto real, aunque con escasas probabilidades de concretarse dentro de este gobierno.