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¿Quién paga la Minga? La verdad sobre los contratos que financian las movilizaciones.
La Minga Indígena ya no es lo que solía ser. Aquella imagen romántica del trabajo colectivo por el bien común, nacida del concepto quichua mink’a, ha mutado en este 2026 en un actor político y administrativo de proporciones inéditas. Hoy, la Minga no solo camina la palabra; también ejecuta presupuestos, lidera ministerios y, según las recientes movidas de Alexander López y Aida Quilcué, se perfila como el gran motor electoral del oficialismo.
El Estado en manos de la Guardia
Bajo el gobierno de Gustavo Petro, la Minga ha dado un salto cuántico: pasó de la resistencia en las carreteras a las oficinas del Palacio de Nariño. La reciente llegada de Luis Alfredo Acosta, exdirector de la Guardia Indígena del CRIC, al Ministerio de la Igualdad, no es un hecho aislado. Es la consolidación de un esquema donde el liderazgo de las bases se convierte en burocracia de alto nivel.
Pero esta inclusión tiene un precio. La relación contractual entre el Estado y organizaciones como el CRIC y la ONIC ha alcanzado cifras históricas. Solo el CRIC ha gestionado convenios que superan los 177.000 millones de pesos en sectores críticos como salud y educación. Si bien esto responde a la legítima demanda de autonomía territorial, abre un interrogante ético: ¿puede un movimiento social mantener su independencia crítica cuando es, al mismo tiempo, uno de los mayores contratistas del Gobierno?
De la Protesta a la «Contratocracia»
El cambio más profundo no ha sido discursivo, sino financiero. Según registros de contratación estatal, el salto presupuestal es vertiginoso: la contratación con organizaciones indígenas pasó de un promedio de 17.000 millones de pesos anuales en 2022 a más de 726.000 millones de pesos distribuidos en 172 contratos durante la actual administración.
La ONIC, por ejemplo, ha gestionado cerca de 95.178 millones de pesos, incluyendo polémicos convenios de «fortalecimiento organizativo» que financian nóminas de asesores con honorarios que escandalizan a la opinión pública. Por su parte, el CRIC ya no solo exige salud; ahora la opera directamente a través del SISPI (Sistema Indígena de Salud Propio), manejando recursos de forma autónoma como un ente paraestatal. Este flujo de caja plantea una duda razonable: ¿Estamos ante el empoderamiento de los pueblos o ante la construcción de una clientela política financiada con el erario?
La Minga como Maquinaria Electoral
La polémica se ha encendido en esta recta final hacia las elecciones de mayo. Las recientes declaraciones de Alexander López, Jefe de Gabinete, llamando a la Minga a movilizarse en «chivas» por todo el país para asegurar el triunfo de la fórmula Cepeda-Quilcué, han desdibujado la línea entre la movilización social y la campaña política.
Cuando la Minga se organiza hoy, no solo lo hace para reclamar derechos; lo hace para «defender la democracia», una narrativa que para la oposición suena a intimidación y para el oficialismo a participación popular. La presencia de Aida Quilcué en el tarjetón vicepresidencial termina de amarrar este nudo: la Minga ya no protesta contra el sistema; busca reelegir el sistema que hoy la financia y le entrega la ejecución del territorio.
El Choque de Realidades
Lo vimos esta semana en Medellín y lo vemos constantemente en la Vía Panamericana. La movilización organizada implica un despliegue logístico envidiable —con cocinas propias y la Guardia Indígena ejerciendo control territorial— pero también un costo social inmenso. Los bloqueos viales y la polémica presencia de menores de edad en las protestas urbanas generan una grieta profunda con la ciudadanía de a pie, que ve en la Minga una fuerza de presión política más que una expresión cultural. Mientras el Gobierno defiende que «no son suciedad, sino sociedad», la clase media urbana siente el rigor de un movimiento que parece tener patente de corso para bloquear el país a conveniencia.
Conclusión: ¿Hacia dónde vamos?
Colombia asiste a un experimento político fascinante y peligroso. La Minga ha demostrado que tiene la capacidad de paralizar el país y de ejecutar políticas públicas, pero su cercanía carnal con el poder actual pone en riesgo su esencia. Si la Minga se convierte definitivamente en el «brazo armado» de votos del Pacto Histórico, habrá ganado poder burocrático, pero podría haber perdido su alma de contrapoder ancestral.
En este 2026, la pregunta no es cuántos contratos tiene la Minga, sino si después de este gobierno, las comunidades indígenas podrán volver a ser un movimiento social independiente o si quedarán atrapadas en la red de la política tradicional que tanto cuestionaron. La transición de «víctimas del sistema» a «socios del Estado» es un camino sin retorno que definirá el futuro de la democracia en las regiones de Colombia.
