La reciente decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Colombia representa un golpe inesperado para la economía nacional. Esta medida, justificada bajo el principio de reciprocidad con el gravamen colombiano a productos estadounidenses, podría redefinir la relación comercial entre ambas naciones y, de paso, comprometer sectores estratégicos que dependen en gran medida del mercado norteamericano.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012, Colombia y Estados Unidos han construido una relación comercial sólida, aunque marcada por una balanza deficitaria para nuestro país. Sin embargo, en los últimos años, la tendencia mostraba signos de recuperación, una situación que ahora podría verse revertida. Sectores como el agroindustrial y la manufactura, pilares fundamentales de nuestras exportaciones no petroleras, enfrentan un escenario complejo ante la necesidad de absorber costos adicionales o perder competitividad frente a otros mercados.

Uno de los sectores más golpeados será, sin duda, el cafetero. La icónica producción de café colombiano, reconocida mundialmente por su calidad, podría perder terreno frente a competidores como Brasil y Vietnam, cuyos productos serán menos gravados en comparación. Un incremento del 10% en el costo del café importado por EE.UU. no solo impactará la demanda, sino que obligará a los productores a buscar soluciones urgentes para mantener su participación en el mercado. Aunque la Federación Nacional de Cafeteros se muestra optimista sobre la resiliencia del sector, es innegable que el ajuste tendrá repercusiones económicas de gran alcance.

Más allá del impacto inmediato en las exportaciones, esta medida también encierra un mensaje político. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha atravesado momentos de tensión, y las declaraciones del presidente Gustavo Petro en respuesta al anuncio de Trump sugieren que el conflicto podría escalar. Petro calificó la decisión como “un grave error” y defendió la política arancelaria de su gobierno bajo el argumento de proteger la producción nacional. No obstante, la realidad es que la imposición de aranceles bilaterales podría debilitar aún más un tejido productivo que necesita estabilidad y crecimiento, no más barreras comerciales.

El empresariado colombiano se encuentra en alerta. Desde la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) hasta la Cámara Colombo Americana (Amcham), los líderes del sector han manifestado su preocupación por el impacto en miles de empleos y el dinamismo de las empresas que dependen del comercio con EE.UU. Mientras algunos, como María Claudia Lacouture de Amcham, consideran que el efecto podría ser menor por tratarse de una medida aplicada a varios países por igual, otros advierten que el incremento de costos sí generará una reducción en las exportaciones colombianas, especialmente en los productos de menor valor agregado.

Frente a este escenario, Colombia debe actuar con rapidez y pragmatismo. La diplomacia comercial jugará un papel crucial en la búsqueda de soluciones que permitan mitigar los efectos de esta medida. Las renegociaciones, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la productividad interna deben ser las prioridades del gobierno y del sector privado. No podemos permitir que una decisión unilateral comprometa el futuro económico del país.

En definitiva, la imposición de estos aranceles representa una prueba de fuego para Colombia. Más allá de las diferencias políticas y los discursos proteccionistas, la realidad económica exige respuestas concretas. La resiliencia del país dependerá de su capacidad para adaptarse, innovar y, sobre todo, construir estrategias que le permitan seguir siendo un actor relevante en el comercio internacional. El reto es grande, pero las oportunidades también lo son.