La selva amazónica colombiana, uno de los pulmones ecológicos más importantes del planeta y un escudo vital contra el cambio climático, enfrenta una amenaza que trasciende lo ecológico para convertirse en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental. El próximo 10 de marzo ante un juzgado de Villavicencio se iniciará un juicio que podría marcar un antes y un después en la protección de los bosques del país: **la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a alias “Iván Mordisco” por su presunta responsabilidad en la destrucción de más de 398.000 hectáreas de selva en la Amazonía colombiana.

Mordisco, líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) —una de las facciones más poderosas que se escindieron del Acuerdo de Paz de 2016— no es cualquier criminal. Es, dicen las autoridades, uno de los más buscados del país, con una recompensa millonaria por su captura y una trayectoria de violencia que va desde asesinatos de comunidades indígenas hasta vínculos con actividades ilícitas en territorios selváticos.

De guerrillero a acusado de ecocidio

El expediente de la Fiscalía no se detiene en una acusación genérica contra Mordisco: lo señala como uno de los artífices de una deforestación masiva que ha afectado especialmente a tres Parques Nacionales Naturales —Chiribiquete, Sierra de La Macarena y Tinigua— y a la Reserva Natural Nukak. Esas áreas no solo son reservas de biodiversidad, sino reguladores climáticos y fuentes de agua para millones de personas, incluyendo comunidades indígenas y rurales.

Defensores ambientales han sido claros: perder la Amazonía colombiana es perder parte del equilibrio climático de Sudamérica. Aproximadamente el 10 % de la biodiversidad terrestre del planeta se encuentra allí, incluyendo un alto porcentaje de especies de aves, mamíferos, anfibios y peces.

La infraestructura de la destrucción

Las pruebas del caso son más que cifras: imágenes satelitales muestran cambios dramáticos en el paisaje selvático, y parte de la acusación describe la construcción de 229 kilómetros de vías ilegales que han facilitado la expansión de la ganadería extensiva, cultivos ilícitos y la tala descontrolada en zonas que antes estaban prohibidas para ese tipo de uso.

Estos caminos no solo fragmentan la selva: abren el paso a actividades extractivas y al desplazamiento de comunidades indígenas, pulverizando ecosistemas que ya luchaban por sobrevivir frente a presiones históricas.

Un proceso judicial con múltiples implicaciones

Acompañando el caso de Mordisco, la Fiscalía también acusó a otras figuras relevantes vinculadas a las disidencias, señalándolos como personas ausentes dado que permanecen prófugos desde hace años. La Defensoría del Pueblo, por su parte, asignó abogados para asegurar que el proceso tenga representación aunque los acusados no estén presentes.

Este juicio se da en un contexto político y social complejo. Por una parte, en 2024 Colombia registró una de las tasas más bajas de deforestación en años, fruto de políticas públicas y planes de conservación. Pero esos números no ocultan que zonas como la Amazonía siguen bajo presión de intereses económicos, grupos armados y mercados ilegales dispuestos a desafiar al Estado.

Más que un juicio, un símbolo

En muchos sentidos, el caso contra Iván Mordisco trasciende la justicia penal: es una prueba de si el sistema judicial y las instituciones ambientales tienen la fortaleza para enfrentar a quienes han convertido el desastre ecológico en su modo de vida. Si se logra demostrar que la deforestación masiva fue dirigida por un grupo criminal y no por factores económicos legales, se abriría una puerta para que otros responsables —legales e ilegales— rindan cuentas por sus impactos en el ambiente.

La Amazonía, con sus selvas inmensas y ríos que sostienen comunidades enteras, sigue siendo un campo de batalla donde convergen derechos, supervivencia y crimen. Este juicio —esperado, complejo y simbólico— podría ser un punto de inflexión en la defensa de uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra.