La cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’, sigue marcando el debate público y político en el país. Esta cifra, revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021, pone en evidencia una práctica sistemática dentro del Ejército Nacional que, durante los años más críticos del conflicto armado (2002-2008), resultó en el asesinato de miles de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate.

La magnitud del problema

El número, producto de un exhaustivo análisis por parte de la JEP, fue calculado a partir de múltiples fuentes, incluyendo testimonios de exmilitares, informes de derechos humanos, documentación oficial y denuncias de familiares. Según Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, las víctimas representan un sistema que incentivó estas prácticas a través de recompensas y presiones operacionales.

“El trabajo de dignificación y esclarecimiento apenas comienza. Esta cifra podría aumentar a medida que avancemos en las investigaciones”, destacó Ramelli, subrayando que los más de 1.934 casos documentados en el Caso 03 son solo el inicio de un esfuerzo mayor por revelar la verdad completa.

Controversias y negacionismo

Pese a las evidencias, el número ha sido objeto de negación por parte de sectores políticos y militares. Algunos argumentan que la cifra podría estar inflada o mal fundamentada, mientras otros defienden a las Fuerzas Armadas, alegando que se trata de una campaña para desprestigiarlas.

El congresista Miguel Polo Polo protagonizó un acto simbólico al desechar unas botas representativas de las víctimas en la plaza del Congreso, gesto calificado por la JEP como un “acto de odio” y falta de respeto.

La JEP ha respondido enérgicamente a estas posturas, enfatizando que el objetivo no es condenar a las instituciones militares, sino garantizar justicia para las víctimas y sus familias. “El reproche debe ser hacia los hechos, no hacia las cifras. Una sola vida perdida bastaría para exigir justicia”, reiteró Ramelli.

El impacto en las víctimas y sus familias

Las familias de los desaparecidos y ejecutados han sido las principales voces en defensa de la cifra y de la importancia del trabajo de la JEP. Muchas madres y organizaciones de derechos humanos han denunciado la minimización de estos crímenes y han exigido que el proceso de justicia transicional se enfoque en reparar el daño causado.

“Negar lo sucedido es negarle la dignidad a quienes perdimos. Queremos verdad, justicia y garantías de no repetición”, expresó una madre víctima de los ‘falsos positivos’.

El futuro de la verdad y la justicia

El presidente Gustavo Petro ha subrayado la importancia de reconocer estos crímenes para evitar su repetición. Mientras tanto, la JEP continúa trabajando en la identificación de víctimas y en la publicación de más nombres.

La decisión de la JEP de avanzar con prudencia en la divulgación responde no solo a las consideraciones judiciales, sino también a la seguridad de las víctimas y sus familias.

Este proceso, aunque doloroso, es esencial para el futuro de la paz en Colombia, ya que busca reconciliar a una sociedad profundamente marcada por la guerra. La memoria de las 6.402 víctimas no solo exige justicia, sino que constituye un recordatorio del compromiso ético de una nación que debe enfrentar su pasado para construir un futuro de paz.