Jóvenes en Paz: entre la esperanza y la desilusión

Bajo el lema “pagar por no matar”, el presidente Gustavo Petro anunció en 2022 el programa Jóvenes en Paz, una iniciativa del Ministerio de Igualdad que buscaba alejar a 100 mil jóvenes vulnerables de la violencia y criminalidad. Sin embargo, a un año de su implementación, el programa enfrenta serias dificultades, desde pagos incumplidos hasta fallas en su estructura pedagógica.

Un programa en el ojo del huracán

Desde su concepción, el programa fue objeto de controversia. Mientras que el gobierno lo presentó como una solución para la inserción social de jóvenes en riesgo, críticos como la senadora María Fernanda Cabal lo catalogaron como un intento de formar un “ejército de milicias”. Además, el retraso en su implementación generó escepticismo sobre su viabilidad.

Finalmente, en febrero de 2024, el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Francia Márquez en ese momento, dio inicio al programa con 12 mil beneficiarios en diversas regiones del país. Sin embargo, los problemas logísticos pronto comenzaron a evidenciarse.

Desafíos en la implementación

Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de pagos. Varios beneficiarios han denunciado retrasos en las transferencias monetarias condicionadas, lo que ha generado descontento y deserciones. “Desde noviembre no recibo el dinero prometido y ya muchas personas han abandonado el programa”, afirma Geovanny Jurado Paz, líder comunitario en Cali.

El problema radica en la plataforma Kobo, utilizada para registrar asistencias y validar pagos. Según los docentes encargados, el sistema no está automatizado y es propenso a errores. Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad anunció la transición a una nueva plataforma, Sisjopaz, que promete mejorar la gestión mediante inteligencia artificial.

Dificultades en la fase pedagógica

El programa consta de dos fases: la primera, de formación educativa, y la segunda, de vinculación con rutas de educación y empleo. No obstante, la etapa pedagógica ha enfrentado críticas debido a la falta de organización y materiales adecuados.

“No tuvimos salones de clase adecuados y los contenidos no estaban bien estructurados”, denuncia Paula, beneficiaria en Cali. Además, los profesores han tenido que costear materiales de su propio bolsillo y enfrentan el reto de enseñar a estudiantes con niveles educativos dispares.

Fallas en la articulación interinstitucional

El éxito del programa depende de la colaboración entre varios ministerios, como Educación y Trabajo, pero en la práctica, esta articulación ha sido débil. “Llevamos meses en el programa y no sabemos cuáles son las opciones de educación o empleo a las que podemos acceder”, afirma Nicolás Montoya, beneficiario en Bogotá.

También ha habido problemas con la coordinación territorial. En Quibdó, por ejemplo, algunos jóvenes han denunciado que no han recibido información clara sobre el proceso de certificación y continuidad en la fase dos.

El futuro incierto del programa

El Ministerio de Igualdad ha reconocido los problemas y promete soluciones. Sin embargo, su futuro es incierto, pues la Corte Constitucional determinó que la entidad solo existirá hasta 2026, a menos que el Congreso apruebe una prórroga.

A pesar de las dificultades, algunos beneficiarios destacan aspectos positivos. Frank Mina, de Buenaventura, logró abrir una papelería gracias al apoyo recibido. No obstante, para que Jóvenes en Paz realmente cumpla su objetivo, se requieren ajustes urgentes en su implementación y financiamiento.

Con miles de jóvenes en situación vulnerable dependiendo de este programa, su éxito o fracaso podría definir no solo el legado del gobierno Petro, sino también el futuro de muchas comunidades afectadas por la violencia y la pobreza.