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Falta de presupuesto y lucha ideológica: el trasfondo del choque entre MinSalud y la Corte
MinSalud desafía a la Corte y retrasa ajuste de la UPC
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mantiene un pulso inédito con la Corte Constitucional al evadir el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ordenado por el alto tribunal tras considerar insuficiente el cálculo del gobierno. La demora ha generado tensiones con el poder judicial y ha puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud.
Una disputa de dos años y medio
Desde 2022, EPS, exministros y asociaciones de pacientes han denunciado que el gobierno de Gustavo Petro ha subestimado la UPC, lo que asfixia financieramente al sistema de salud. La Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 determinó que el Ministerio de Salud no ha probado la suficiencia de la UPC y le ordenó corregir la metodología de cálculo.
En abril de 2024, la Corte declaró insuficiente la UPC de este año y ordenó la creación de una mesa técnica para su ajuste. Sin embargo, el Ministerio ha evadido esta orden con recursos judiciales improcedentes, lo que ha sido calificado como una «dilatación» por parte de distintos actores del sector.
Estrategia de resistencia y conflicto con la Corte
Jaramillo ha intentado frenar el cumplimiento de la orden con solicitudes de aclaración y nulidad, las cuales fueron rechazadas por la Corte, que ha insistido en que sus decisiones son definitivas y obligatorias. A pesar de esto, el Ministerio ha cambiado la narrativa, afirmando que los autos de la Corte le son favorables, algo que los magistrados desmintieron.
El MinSalud alega que la Corte no tiene competencia para declarar insuficiente la UPC y que sus decisiones vulneran derechos fundamentales. Sin embargo, gremios de EPS, hospitales y asociaciones de pacientes consideran que esta estrategia busca evitar la transparencia en los cálculos oficiales.
Falta de presupuesto e ideología: el trasfondo del conflicto
Según expertos, el rechazo del Ministerio a la orden de la Corte obedece a un problema presupuestal y a una resistencia ideológica a transferir más recursos a las EPS. Ajustar la UPC implicaría destinar entre 6 y 15 billones de pesos adicionales, un reto financiero en medio del déficit fiscal del gobierno.
El gobierno ha priorizado inversiones en infraestructura hospitalaria y Equipos Básicos de Salud (EBS), con más de un billón de pesos asignados en 2024 para cada rubro. No obstante, las obras avanzan lentamente y han enfrentado problemas de contratación. Para algunos críticos, estos fondos podrían redirigirse al ajuste de la UPC.
La postura del gobierno también responde a su proyecto de transformar el sistema de salud y reducir el papel de las EPS. «Para ellos, cualquier ajuste a la UPC es una pérdida de recursos que podría destinarse a otras prioridades», explica Johnattan García, investigador en salud en Harvard.
El plazo se agota
La Corte ordenó al Ministerio convocar una mesa técnica antes del 28 de febrero, pero hasta el momento, las EPS no han sido contactadas. «Estamos listos para la mesa», aseguró Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio de las EPS privadas.
Mientras el gobierno sigue sin acatar la orden, los pacientes enfrentan crecientes barreras para acceder a servicios de salud. La incertidumbre sobre la financiación del sistema ha convertido la salud en la principal preocupación ciudadana, según encuestas recientes. La tensión entre MinSalud y la Corte marca un punto de quiebre que podría definir el futuro del modelo de salud en Colombia.
