En los últimos tiempos, la estrategia comunicativa del gobierno de Gustavo Petro ha dejado claro que se está alejando de los debates racionales y el intercambio constructivo de ideas. En lugar de ello, se ha inclinado por un enfoque que apela a las emociones más básicas: miedo, indignación y frustración. Esta tendencia se ha manifestado en las directrices recientes, que buscan no solo movilizar a sus bases, sino también controlar la narrativa y manipular la percepción pública.

La administración Petro ha sido acusada de recurrir a una comunicación política cruda y visceral. En lugar de fomentar el diálogo y el entendimiento, se está promoviendo un ambiente cargado de tensión y confrontación. Este cambio de tono es particularmente evidente en las directrices de la fiscal Camargo sobre la protección de la protesta pacífica, las orientaciones dadas a los medios comunitarios y la reciente directiva presidencial sobre la relación con la prensa. Estas medidas revelan una estrategia centrada en el endurecimiento discursivo y el apelo a las emociones negativas para manejar las reformas, escándalos y críticas.

La creación de un marco regulador para los medios y la relación con la prensa parece, en teoría, un paso hacia la mejora de la comunicación y el respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, la realidad ha mostrado que esta directiva, en lugar de promover el pluralismo y la participación democrática, está siendo utilizada para estrechar el cerco sobre el periodismo crítico. Las agresiones y estigmatizaciones hacia los periodistas no solo son un síntoma de esta problemática, sino también un reflejo de una estrategia que busca deslegitimar a los medios que cuestionan el gobierno.

Este giro en la comunicación gubernamental también ha tenido un impacto negativo en el periodismo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha respaldado la necesidad de directrices claras para proteger a los periodistas, pero la realidad muestra que, bajo el actual gobierno, se está promoviendo un entorno que limita el trabajo periodístico y obstaculiza el escrutinio público.

El gobierno de Petro, al enfocarse en la manipulación emocional y en el control de la narrativa, está fallando en garantizar un debate abierto y respetuoso. Los medios públicos, en lugar de ser una plataforma para el intercambio democrático de ideas, se han convertido en un instrumento de propaganda partidista. Esto no solo debilita el papel de los medios como vigilantes de la democracia, sino que también afecta la calidad de la información disponible para el público.

Para que el gobierno y los medios públicos puedan cumplir con sus responsabilidades, es esencial que se restablezca un equilibrio. La retórica confrontacional y el control de la información deben dar paso a un ambiente donde prevalezca el respeto, la transparencia y el debate informado. Solo así se podrá garantizar que el periodismo continúe desempeñando su papel crucial en la democracia, facilitando el acceso a información verificada y permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones basadas en hechos y no en emociones manipuladas.