En un giro inesperado y profundamente preocupante, el proceso de paz con las disidencias del Frente 36, liderado por alias ‘Firu’, se ha visto manchado por la reciente revelación de un depósito de explosivos. Este hallazgo, realizado por las autoridades, ha puesto de manifiesto la fragilidad de un diálogo que parecía estar encaminado hacia la reconciliación, pero que ahora se enfrenta a serias interrogantes sobre su efectividad y legitimidad.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, no tardó en pronunciarse al respecto, calificando el hallazgo como una clara violación del derecho internacional humanitario. Velásquez subrayó que este acto no solo contraviene los principios básicos que rigen la guerra y el conflicto armado, sino que también desafía la buena fe que se esperaba de un grupo que, a través de la figura de ‘Firu’, había sido considerado un “gestor de paz”. La ironía de que un líder armado que acumula un arsenal de explosivos sea reconocido con tal título es una de las muchas contradicciones que plagan la política de paz en Colombia.

Más allá de la condena, la situación plantea un dilema crucial: ¿hasta qué punto se puede confiar en líderes que, bajo el manto del diálogo, continúan operando en las sombras y acumulando armamento? La figura de ‘Firu’ ahora se convierte en un símbolo de la desconfianza que rodea los procesos de paz en el país. El ministro enfatizó que es el presidente quien debe decidir sobre el futuro político de este cabecilla, lo que subraya la responsabilidad del Gobierno en la toma de decisiones críticas que impactan la seguridad nacional.

La situación es alarmante, ya que pone de relieve el riesgo de que estos procesos de diálogo se conviertan en simples cortinas de humo, en las que los actores armados juegan a la política mientras continúan con sus actividades ilegales. El hecho de que un grupo con antecedentes violentos y criminales pueda participar en un proceso de paz, mientras sigue acumulando explosivos, genera serias dudas sobre la efectividad de las negociaciones y el compromiso de las partes involucradas.

Los ciudadanos colombianos, que han sufrido durante décadas las consecuencias del conflicto armado, se ven nuevamente traicionados por un sistema que parece más interesado en la política de las apariencias que en la construcción de una paz auténtica. El llamado a la acción del ministro Velásquez es un recordatorio de que las promesas de paz deben ir acompañadas de acciones concretas y una vigilancia constante sobre aquellos que, bajo la fachada del diálogo, pueden estar planeando el próximo acto de violencia.

El futuro del proceso de paz está en la cuerda floja, y es imperativo que tanto el gobierno como la sociedad civil exijan transparencia y rendición de cuentas. La lucha por una Colombia en paz no puede ser un juego de palabras; debe estar respaldada por un compromiso genuino de desmantelar la violencia en todas sus formas, comenzando por aquellos que han abusado de la confianza depositada en ellos.