Hay escándalos que van más allá del titular del día. Lo que se ha conocido sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirección Nacional de Inteligencia) en el caso de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, es uno de esos. No solo por lo que dice, sino por lo que sugiere: que el país podría estar repitiendo una historia que ya le costó demasiado.

Durante años se nos dijo que la DNI era distinta, que no tenía nada que ver con el viejo Departamento Administrativo de Seguridad. Que era técnica, discreta, enfocada en amenazas reales. Hoy esa narrativa empieza a hacer agua. Porque cuesta entender por qué una entidad de inteligencia termina metida —así sea tangencialmente— en un asunto judicial que involucra a un presunto “zar del contrabando”.

La pregunta es simple, pero incómoda: ¿quién decidió que ese era su papel?

Los audios, las versiones, los nombres que empiezan a aparecer no hablan de un error aislado. Huelen más bien a una forma de operar donde la línea entre Estado y gobierno se vuelve borrosa. Y cuando eso pasa en organismos de inteligencia, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.

Ya vimos esa película. El DAS no cayó de un día para otro. Se fue degradando poco a poco, justificando excesos, normalizando lo que no debía ser normal. Hasta que un día era insostenible. Por eso el paralelo no es exagerado; es una advertencia.

Aquí el punto no es defender o atacar al presidente Gustavo Petro. Es algo más básico: entender si el aparato del Estado se está usando para proteger al poder de turno. Porque si la inteligencia entra a “gestionar” crisis políticas, a tender puentes incómodos o a apagar incendios electorales, deja de cumplir su función y empieza a convertirse en otra cosa.

Y esa “otra cosa” ya la conocemos.

No se trata solo de si hubo o no dineros irregulares, o de si alguien “ordenó devolverlos”. Se trata de por qué una entidad que debería estar mirando amenazas estratégicas termina mirando expedientes judiciales. Esa desviación, por pequeña que parezca, es la que abre la puerta a abusos más grandes.

Colombia no necesita otra agencia de inteligencia arrodillada ante el poder. Ya tuvimos una, y terminó mal.

La discusión de fondo no es jurídica, es institucional. Y mientras no se responda con claridad qué está pasando dentro de la DNI, la sospecha va a seguir creciendo: que, con otro nombre y otro discurso, estamos viendo el regreso de lo que juramos no repetir.