Una interceptación telefónica autorizada en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) terminó destapando un episodio sensible que rozó directamente a la Casa de Nariño. Según reveló la revista Semana, dos líneas telefónicas registradas a nombre de Jaime Ramírez Cobo —asesor cercano y amigo personal de Laura Sarabia— habrían sido utilizadas por la entonces directora del Dapre y por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el informe, las escuchas fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación de gran alcance por el presunto saqueo de recursos públicos en la UNGRD. Sin embargo, al advertir que uno de los números interceptados podía estar siendo usado por el jefe de Estado, el alto tribunal ordenó la cancelación inmediata de la interceptación.

El episodio ocurrió el 1 de noviembre de 2024, cuando los investigadores detectaron un audio del día anterior con una duración de seis minutos y seis segundos. En la grabación, la persona que recibe la llamada se dirige a su interlocutor como “señor presidente” y le agradece de manera explícita. Aunque el contenido de la conversación no tenía relevancia penal, la sola mención bastó para que se activaran los protocolos y se suspendiera cualquier monitoreo sobre esa línea.

El manejo del caso marcó una diferencia notable frente a otros antecedentes judiciales. En el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, su teléfono fue interceptado por error durante varias semanas y, aun así, la Corte Suprema validó en su momento el material recolectado. En contraste, en esta ocasión, la posibilidad de estar interceptando comunicaciones del presidente Petro llevó a frenar de inmediato las escuchas.

La investigación de la UNGRD es una de las más amplias y delicadas del actual gobierno. Desde agosto de 2024, la Corte Suprema ordenó interceptar teléfonos de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público, señalados de haber favorecido empréstitos internacionales a cambio de contratos. Entre los investigados figuran los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo; los representantes Julián Peinado y Karen Astrid Manrique; y el excongresista Juan Diego Muñoz. Las interceptaciones se realizaron durante cerca de un año en la sala Zeus Oro de la Fiscalía.

Los informes de la Policía Judicial indican que muchos de los investigados evitaban hablar de asuntos sensibles por llamadas tradicionales y preferían aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Aun así, las escuchas permitieron detectar presiones, temores por posibles capturas y denuncias de supuesta persecución política por parte de algunos congresistas implicados.

La red de interceptados incluyó, además, a personas clave del entramado, como la madre de María Alejandra Benavides —testigo central del proceso—, la jefa de esta exasesora en el Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez, y varios exfuncionarios y contratistas de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y su entorno cercano.

El cruce de líneas que conectó indirectamente a la Casa de Nariño con la investigación encendió las alarmas en el alto tribunal. Según los documentos citados por Semana, la Corte reiteró que las conversaciones entre investigados y sus abogados no pueden ser usadas como prueba y que, en el caso del presidente, cualquier interceptación debía ser suspendida de inmediato.

Aunque el Gobierno no se ha pronunciado de fondo sobre el episodio, el hecho reavivó el debate sobre los límites de las interceptaciones judiciales, el manejo diferencial de los casos de alto perfil y el impacto político del que ya es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del actual mandato.