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El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se encuentra en el centro de cuestionamientos por un posible conflicto de interés no reportado, que involucra a su esposa, su cuñado y su influencia burocrática en el sector transporte, precisamente en una de las entidades bajo su órbita de control político: la Aerocivil.
Aunque la Ley 5ª de 1992 exige que los congresistas declaren de forma sumaria vínculos que puedan representar conflictos de interés —incluyendo el trabajo de sus cónyuges—, López omitió reportar que su esposa, Beatriz Galindo, fue nombrada como asesora aeronáutica en la Dirección Regional Occidente de la Aeronáutica Civil desde abril de 2024.
Ese hecho no sería menor: López presidía en ese momento la Comisión Sexta, que precisamente hace control político a la Aerocivil, y es el mismo legislador que ha liderado debates sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira —región que representa y donde su esposa ahora trabaja—.
Un debate con intereses cruzados
En febrero de este año, López citó a debate a altos funcionarios del sector transporte por el futuro de la concesión del aeropuerto de Cali. En ese momento, ya era pública la decisión de que la Aerocivil asumiría la operación del terminal aéreo a partir del 1 de septiembre. A pesar de esto, López no informó que su esposa trabajaba en la entidad involucrada en esa operación.
“¿Eso es un conflicto de interés?”, respondió López a periodistas cuando se le preguntó al respecto. Y aunque dijo que consultaría con sus abogados, comparó el caso con “tener tíos panaderos” en una discusión sobre harina, restando gravedad al tema.
Para expertos como Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, el caso es claro: los vínculos laborales de los cónyuges deben ser informados al Congreso, independientemente de su incidencia directa. “En política, la forma también es fondo. El deber es prevenir, no justificar después”, dijo Muñoz.
Influencia y cuotas burocráticas
Las conexiones de López con el sector transporte no terminan ahí. En octubre de 2023, su amigo cercano Carlos Marín fue nombrado director territorial del Ministerio de Transporte en Valle del Cauca, un cargo clave por su relación con las entidades adscritas, como la Aerocivil. Aunque López niega haber intervenido, su cercanía con Marín es evidente en redes sociales y círculos políticos del Valle.
El rol del cuñado: negocios en la Aerocivil
A esto se suma que el cuñado de López, Danny Mora Delgado, también ha contratado con la Aeronáutica Civil a través de su empresa Suramericana de Guantes S.A., con al menos cuatro contratos firmados entre 2023 y 2024 por un total cercano a los 700 millones de pesos.
Uno de los contratos más recientes, en mayo de 2024, fue adjudicado por la misma regional de la Aerocivil en la que trabaja la esposa de López. La empresa, aunque registrada como fabricante de productos de cuero, vende en la práctica elementos de seguridad industrial como guantes, uniformes y equipos de protección para bomberos.
López asegura que no tenía conocimiento de estas contrataciones. “Yo no tengo cómo saber con quién contrata mi cuñado. ¿Qué tengo que ver yo?”, respondió.
¿Qué dice la ley?
La Ley 5ª y las prácticas de transparencia en el Congreso son claras respecto a la obligación de declarar conflictos de interés potenciales, precisamente para garantizar que los congresistas no participen en decisiones que puedan favorecer directa o indirectamente a sus familiares o entornos cercanos.
El caso López deja en evidencia la debilidad del sistema de control interno del Congreso y la necesidad de reforzar la trazabilidad de los vínculos familiares, especialmente en comisiones con poder de vigilancia y control.
Por ahora, el presidente de la Cámara permanece en el cargo, sin investigaciones abiertas, pero con el escrutinio público sobre su mesa. La pregunta ya no es si hay conflicto de interés, sino si el país está dispuesto a seguir tolerando estos vacíos éticos en sus líderes.





