Por años, el país ha escuchado al Gobierno insistir en que la transformación del sistema de salud comienza “desde el territorio”, con la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS). Sobre el papel, la estrategia es poderosa: llevar médicos, enfermeras, psicólogos y auxiliares a las casas de familias en zonas rurales y barrios apartados, adelantarse a las enfermedades y cerrar brechas históricas de acceso.

Pero entre lo que se promete y lo que se hace parece haber un abismo de $8,21 billones, una suma que el Ministerio de Salud ha destinado desde 2022 a los EBS… sin que el país tenga forma de rastrear en qué se usó.

Según datos oficiales del propio Minsalud, apenas $1,17 billones —el 14,2 %— han sido ejecutados, y ni siquiera existe claridad sobre cómo se gastaron. La ciudadanía no encuentra contratos, actos administrativos, informes de gestión, seguimientos, retroalimentación, reintegros ni soportes financieros. La plataforma que debería ofrecerlos responde con mensajes inquietantes: “sin datos” y “no se puede acceder a la información”.

Una estrategia loable envuelta en opacidad

El modelo de EBS, reglamentado por el Gobierno en 2022, incluye equipos de siete u ocho profesionales que recorren barrios y veredas, toman signos vitales, hacen seguimiento, identifican riesgos y remiten pacientes. Una atención primaria en salud robusta, preventiva, que cualquier país querría fortalecer.

Sin embargo, el país no sabe cuántos equipos están funcionando realmente, qué resultados han obtenido ni cómo se están financiando. Mientras se habla de 10.000 equipos, la plataforma del Ministerio solo confirma asignaciones parciales a entidades territoriales por $5,33 billones. Es un rompecabezas sin piezas suficientes para armar la figura completa.

Y aunque algunos hospitales y alcaldías han incorporado parte del dinero recibido, no existe información pública sobre el cierre o seguimiento de esas inversiones. Sin trazabilidad, la transparencia se desvanece y la confianza se erosiona.

Un costo millonario sin control claro

Cada equipo tiene un costo mensual estimado de $51,7 millones, cifra que hoy superaría los $65 millones. Su financiación puede venir de la ADRES, del Presupuesto General de la Nación o “de cualquier fuente que se determine”. Una amplitud peligrosa cuando no existen reportes claros de cómo se utilizan los recursos.

Intentos por financiar los EBS con recursos de la Unidad de Pago por Capitación —dinero para la atención de afiliados— fueron frenados por la Corte Constitucional. Pero incluso después de ese revés jurídico, la opacidad persiste.

El silencio del Ministerio

Varias voces del sector salud han solicitado explicaciones al Ministerio:
¿por qué no aparece la información?, ¿dónde están los contratos?, ¿quiénes conforman los equipos?, ¿qué se ha logrado?, ¿cuántos recursos se han reintegrado?

Hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio. Un silencio que pesa más que cualquier cifra.

Si esta es la estrategia bandera para cambiar el sistema, la falta de transparencia no solo es preocupante: es incompatible con la promesa de un modelo basado en prevención y cercanía con la comunidad.

La pregunta que nadie debería evadir

En un país donde los recursos públicos suelen desvanecerse entre trámites, burocracia y corrupción, la salud no puede convertirse en otro capítulo oscuro. No cuando se habla de billones. No cuando se trata de vidas.

El Gobierno debe una respuesta clara, detallada y verificable. No por presión mediática, sino por responsabilidad con la ciudadanía.

Mientras tanto, la pregunta sigue intacta, inquietante, urgente:

¿Dónde están los $8,2 billones destinados a los Equipos Básicos de Salud?