Una nueva polémica sacude el Congreso de la República luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, remitiera a la Corte Constitucional el informe más reciente sobre la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias en las que se tramitó la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional.

Congresistas de distintos partidos, entre ellos Lina María Garrido y Katherine Miranda, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso. Según las legisladoras, López, junto con el procurador General Gregorio Eljach, podrían estar incurriendo en “falsedad ideológica y fraude procesal” al presentar documentación que indicaría la aprobación de actas que, según ellas, no cumplen con los requisitos legales.

El foco de la controversia está en el acta 256, correspondiente a la sesión del 27 de junio de 2025, día en que se anunció el debate de la reforma pensional. Garrido y Miranda cuestionan que, con solo 79 congresistas presentes, no se habría alcanzado el quórum mínimo de 94 necesarios para aprobar el orden del día, lo que pondría en duda la validez de la votación y de los informes posteriores enviados a la Corte.

El trámite de la reforma pensional, que culminó en junio de 2024, ha enfrentado varias acciones judiciales que frenaron su entrada en vigor prevista para 2025. La Corte Constitucional había señalado vicios de trámite, especialmente por la falta de debate en plenaria, y había solicitado subsanar las irregularidades al cierre de la legislatura anterior.

Tras el envío de las actas, el presidente Gustavo Petro defendió la legalidad del proceso y afirmó que la carta del presidente de la Cámara “muestra que hubo mayoría constitucional en la sesión donde se aprobó la conciliación de la reforma laboral” y que los anuncios no requieren quórum decisorio, esperando que no haya más dilaciones en la aprobación de la ley.

La Corte Constitucional será la encargada de emitir el concepto definitivo sobre la validez del trámite, mientras los sectores críticos advierten que podrían emprender acciones legales contra el presidente de la Cámara por presunta falsedad en documento público y fraude procesal.

El caso mantiene en vilo a la opinión pública y al Congreso, con un debate que apunta tanto a la legalidad del proceso como a la transparencia en la tramitación de leyes fundamentales como la reforma pensional.