Una investigación del candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, José David Castellanos, encendió la polémica al denunciar la existencia de una presunta “nómina paralela” en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, producto del aumento acelerado de contratos de prestación de servicios en los ministerios.

Según el informe, basado en el análisis de más de 105.000 contratos registrados en Secop I y II, la contratación discrecional en el Ejecutivo creció un 60 % entre 2022 y 2025, pasando de 11.851 a 18.685 puestos, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados bajo esta modalidad.

El estudio señala que el gasto en contratos de prestación de servicios pasó de 12,1 billones de pesos en 2022 a una proyección de 19,3 billones para 2025, es decir, un incremento de 7,2 billones de pesos, cifra que representa casi la mitad del recaudo esperado por el Gobierno con su reciente reforma tributaria, estimada en 16 billones.

Ministerios con mayores incrementos

La investigación identifica aumentos significativos en varias carteras. El Ministerio de Cultura encabeza la lista con un crecimiento del 1.985 % en contratación por prestación de servicios desde 2022. Le siguen el Ministerio del Trabajo, con un aumento del 285 %; Salud, con 154 %; Agricultura, con 127 %; y Ambiente, con 117 %.

Para Castellanos, este crecimiento se da en un contexto fiscal complejo, marcado por un mayor endeudamiento del país. “Como la plata no alcanza, el gobierno recurrió al crédito. Solo en enero de 2026 se realizó la mayor emisión de deuda externa de la historia, por 4.950 millones de dólares, que pagarán los colombianos con intereses”, afirmó.

Empleo más inestable y mayor rotación

El informe también compara la situación actual con la del gobierno anterior. Según los datos, durante la administración de Iván Duque, el 45 % de los contratos tenían una duración de nueve meses o más. En el gobierno actual, esa proporción cayó al 34,5 %.

En contraste, los contratos de cuatro meses o menos aumentaron del 30 % al 37 %, mientras que los de cinco a ocho meses pasaron del 25 % al 28,5 %, lo que, según el candidato, refleja un deterioro en la estabilidad laboral dentro del Estado.

“El problema no es la falta de recursos, sino la falta de prioridades: más contratos y más deuda, pero menor ejecución y peores resultados”, sostuvo Castellanos, quien aseguró que, de llegar al Congreso, impulsará controles más estrictos sobre la contratación estatal.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre las conclusiones de la investigación. La denuncia se suma al debate político y fiscal que rodea a la administración Petro en la antesala del año electoral.