El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue escalando. Ahora, según revelaciones recientes obtenidas por El Colombiano, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Presidencia de la República, se suman a la lista de altos funcionarios salpicados en la red de sobornos, contratos amañados y desvío de recursos públicos.

Ambos aparecen mencionados en la matriz de colaboración entregada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para delatar a los responsables de la trama de corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira.

Un escándalo que sigue creciendo

La adquisición de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para llevar agua a comunidades vulnerables en La Guajira —revelada en febrero de 2024— destapó una red de irregularidades, sobrecostos y contrataciones irregulares dentro de la UNGRD. En lugar de cumplir su propósito humanitario, los vehículos quedaron inservibles y se identificaron posibles desvíos de recursos hacia campañas políticas y favores legislativos.

La Fiscalía abrió entonces una investigación que, meses después, condujo a las capturas y procesos contra varios funcionarios y congresistas. Entre ellos, los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, acusados de recibir, respectivamente, sobornos de 3.000 y 1.000 millones de pesos a cambio de apoyar reformas del Gobierno en 2023.

Luis Fernando Velasco, en la mira

Según los documentos en poder del ente acusador, Velasco habría instruido a Olmedo López para asignar un contrato por 35.000 millones de pesos al senador Julio Elías Chagüi, operación que nunca se concretó debido a la filtración del escándalo. El contrato pretendía beneficiar intereses políticos afines al Ejecutivo, a cambio de respaldo legislativo.

A su vez, la senadora Martha Peralta también fue señalada. Según la Fiscalía, intercedió para adjudicar un contrato de 2.210 millones de pesos en maquinaria para Riohacha a través de la empresa Inversiones IRL S.A.S. La adjudicación fue precedida por una reunión privada con López y los contratistas Isaac y Jorge Riscala. Ese contrato aún está vigente, pero bajo revisión judicial.

Jaime Ramírez Cobo y otros involucrados

Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia, renunció a su cargo tras conocerse su presunta participación en las decisiones contractuales irregulares de la UNGRD. Aunque aún no ha sido judicializado, su nombre figura en los testimonios entregados por Olmedo López, junto al del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Este último ha sido vinculado por presuntamente impulsar contratos a través de congresistas que, a cambio de votos en comisiones clave, habrían recibido participación en la adjudicación de obras y contratos regionales.

Riesgo procesal: se tambalea el principio de oportunidad

A pesar del valor judicial de sus testimonios, el juez del caso negó el principio de oportunidad a Olmedo López por fallas procesales cometidas por la Fiscalía, entre ellas la falta de motivación clara y una justificación pobre sobre la utilidad real de su colaboración. Esta decisión podría poner en riesgo toda la estructura del caso y anular las delaciones que permitieron capturas y nuevas líneas de investigación.

“El caso pudo sustentarse mejor”, afirmó la jueza, subrayando la falta de rigurosidad de la Fiscalía.

Sneyder Pinilla: la condena que sí avanzó

A diferencia de López, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, sí fue condenado en abril de 2025 a cinco años y ocho meses de prisión, tras aceptar cargos y colaborar con las autoridades. La Corte Suprema lo citó nuevamente para rendir testimonio entre el 13 y 15 de agosto sobre los beneficios contractuales que habrían recibido seis excongresistas: Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Lilia Bittar y Juan Diego Muñoz.

¿El fin del caso o su expansión?

El escándalo de los carrotanques en La Guajira amenaza con convertirse en uno de los mayores casos de corrupción del actual gobierno. Si bien las revelaciones de Olmedo López han destapado una red que llega hasta las altas esferas del poder político, la fragilidad procesal con la que la Fiscalía ha manejado el caso puede dar al traste con los esfuerzos judiciales.

Por ahora, la decisión sobre el principio de oportunidad sigue en apelación, mientras la Corte Suprema continúa llamando a excongresistas y funcionarios clave a declarar en un proceso que, lejos de cerrarse, parece apenas comenzar.