El pasado viernes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con una instrucción que no solo despierta polémica, sino que plantea serias dudas jurídicas y éticas: ordenar al Ministerio de las TIC iniciar la licitación del Canal 1, pese a que su concesión vigente se extiende hasta 2037. Lo que a primera vista podría presentarse como un simple ejercicio administrativo, en realidad constituye un riesgo directo a la libertad de prensa y un cuestionable precedente en la relación del Estado con los medios de comunicación privados.

El argumento presidencial de que el canal debe estar en manos de “las juventudes, de la gente del arte y la cultura” y no de “potentados económicos”, aunque bien intencionado desde una óptica cultural, no puede ignorar la ley. La concesión otorgada a Plural Comunicaciones S.A.S. en 2016 tiene validez legal hasta 2037, y abrir un proceso licitatorio de manera anticipada, sin sustento jurídico, se acerca más a una expropiación que a una reforma administrativa. La misma Superintendencia de Sociedades ha confirmado que los cambios de composición accionaria en la empresa no constituyen incumplimientos que justifiquen tal medida.

Más allá del marco legal, el efecto en la sociedad es evidente. Canal 1 es hoy un referente informativo que llega a más de 13 millones de colombianos al mes, con producción desde las regiones y alianzas con medios que representan diversidad y pluralidad. Atacar este espacio no solo vulnera derechos empresariales, sino que amenaza la diversidad de voces en un país donde la concentración mediática ya es un problema reconocido.

Los comentarios de periodistas y líderes empresariales son claros: abrir la licitación antes de tiempo equivale a un ataque directo a la prensa libre. Luis Carlos Vélez, Jaime Cabal y Melquisedec Torres lo han advertido públicamente, señalando que esta acción podría consolidarse como un precedente peligroso para cualquier concesión mediática en Colombia.

El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de imponer caprichos. La legitimidad de una democracia se mide también por la capacidad de proteger la pluralidad y la independencia informativa, incluso frente a quienes ostentan el poder. La orden presidencial, en cambio, pone en evidencia un desequilibrio entre poder político y libertad de expresión que la sociedad no puede ignorar.

Si se permite que un gobernante disponga discrecionalmente de medios privados, el riesgo no es solo económico: es político y social. La prensa libre no es un favor del Estado, sino un derecho de los ciudadanos. Colombia no puede permitirse que ese derecho se fragmente por intereses particulares o interpretaciones personales de lo que debe ser “la televisión del futuro”.

La decisión de Petro no es un asunto menor: es una prueba de fuego para nuestra democracia. Y la historia juzgará si los guardianes de la libertad de prensa lograron impedir que la expropiación mediática se convirtiera en norma.