El exfiscal general de la Nación y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Lynett, confirmó que asumirá como nuevo ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien salió del cargo en medio de fuertes tensiones internas en la Casa de Nariño.

Montealegre, que ha sido uno de los principales asesores jurídicos del Gobierno en la controvertida propuesta de convocar una consulta popular por decreto, tomará posesión del cargo la próxima semana, según él mismo confirmó este miércoles. Se espera que el proceso de formalización de su nombramiento comience este mismo jueves 5 de junio.

Un movimiento político y jurídico de alto impacto

La llegada de Montealegre al Ministerio de Justicia no es una simple renovación de gabinete: representa un giro estratégico del presidente Petro, quien avanza en su intención de convocar a las urnas a los colombianos, pese a que el Congreso negó autorización para hacerlo.

De hecho, Montealegre es uno de los autores intelectuales del llamado “decretazo” con el que el Ejecutivo busca sortear el concepto desfavorable del Congreso. Junto a otros exmagistrados como Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, Montealegre defendió jurídicamente la posibilidad de que el presidente convoque unilateralmente la consulta.

Según el exfiscal, “en la decisión del Senado se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad, lo cual la hace jurídicamente inexistente”. Con ese argumento, el Gobierno prepara un decreto que sería firmado antes del 11 de junio, fecha en la que se realizarán movilizaciones convocadas por sectores afines al petrismo.

Salida abrupta de Buitrago y crisis en el Ministerio

Montealegre reemplaza a Ángela María Buitrago, una funcionaria ampliamente reconocida por su perfil técnico, quien abandonó el cargo denunciando injerencias indebidas por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Durante las últimas semanas, el Ministerio fue dirigido interinamente por Augusto Ocampo, secretario jurídico de Presidencia.

Un mensaje al Congreso y a la Corte

El nombramiento también envía una señal clara al Congreso y al sistema judicial: el Gobierno está dispuesto a avanzar con su proyecto de reforma laboral —hundido legislativamente— por vías extraordinarias.

Montealegre, férreo defensor del uso del decreto para la consulta, respaldó públicamente al presidente:

“El presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio”.

La llegada del exfiscal —una figura con amplio bagaje judicial pero también con decisiones polémicas en su carrera— a un ministerio tan estratégico como el de Justicia, intensifica el debate sobre los límites institucionales del poder presidencial y el rol de los exmagistrados en decisiones políticas de alto riesgo jurídico.

La noticia está en desarrollo y se esperan reacciones tanto del Congreso como de la Corte Constitucional en las próximas horas.