El presidente del Senado dio luz verde a tres proyectos clave que habían sido objetados por el Ejecutivo, al considerar que las objeciones se presentaron por fuera del plazo constitucional.

La tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo volvió a agudizarse tras la decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), de sancionar tres proyectos de ley que habían sido objetados por el presidente Gustavo Petro. La disputa se centra en los tiempos de presentación de las objeciones, que, según Cepeda, fueron radicadas fuera del término que establece la Constitución.

La controversia se produce a pocos días de que el Congreso retome el trámite de la reforma pensional, devuelta recientemente por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento. La decisión de Cepeda marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre las cabezas de las ramas legislativa y ejecutiva, y refuerza el pulso político en torno a las reformas estructurales del gobierno.

Las leyes en disputa

Los tres proyectos sancionados por Cepeda abordan temas sensibles para el Legislativo y, en algunos casos, incluso afines a las banderas del gobierno Petro. Sin embargo, fueron objetados por el Ejecutivo por considerarlos inconstitucionales o inconvenientes.

Uno de ellos busca reconocer a los micronegocios barriales —como tiendas, panaderías y peluquerías— como actores clave de la economía popular. La ley establece beneficios como acceso preferente a créditos, alivios en tarifas de servicios públicos, programas del SENA y una ruta especial para su formalización. El Gobierno objetó esta iniciativa alegando que introduce medidas tributarias sin iniciativa del Ejecutivo y sin análisis de impacto fiscal.

Cepeda, no obstante, argumentó que las objeciones llegaron fuera del plazo constitucional. Según el historial legislativo, la norma fue recibida por la Casa de Nariño el 13 de marzo y las objeciones se radicaron el 7 de abril, 25 días después. El artículo 166 de la Constitución da al presidente seis días para objetar proyectos con menos de 20 artículos. “Cuando se cumplen esos términos, es el presidente del Congreso el que debe sancionar la ley”, señaló Cepeda.

El segundo proyecto sancionado busca modificar la Ley 549 de 1999 para permitir que los gobernadores usen los excedentes del Fondo de Pensiones del sector público (FONPET) para pagar obligaciones pensionales. Esta iniciativa será sancionada públicamente este miércoles en Cartagena. El Gobierno la objetó por afectar la sostenibilidad fiscal y alterar el manejo de los recursos de la seguridad social.

El tercer proyecto incorpora los humedales al sistema de gestión de riesgos y al sistema nacional de cambio climático. Aunque ambientalmente alineado con el discurso del “gobierno del cambio”, el Ejecutivo objetó varios artículos por invadir competencias de las autoridades municipales en ordenamiento territorial. Una vez más, Cepeda señaló que las objeciones fueron extemporáneas.

Choque de poderes y ambiente político

La disputa actual no es un hecho aislado. Durante todo el tercer año legislativo, la relación entre Petro y Cepeda ha estado marcada por fuertes desacuerdos. El presidente ha insinuado que el líder conservador busca debilitarlo políticamente, mientras Cepeda lo ha acusado de tener “actitudes dictatoriales” cuando sus reformas no prosperan.

La coyuntura adquiere mayor relevancia política considerando que este miércoles el presidente sancionará la reforma laboral en un evento público en la Casa Museo Quinta de Bolívar. Al mismo tiempo, el Gobierno aguarda la notificación formal del fallo de la Corte Constitucional para convocar sesiones extraordinarias con el fin de destrabar el proceso de la reforma pensional.

Adicionalmente, siguen pendientes temas cruciales como el tercer debate de la reforma a la salud y una nueva reforma tributaria que el Gobierno espera radicar en la próxima legislatura. Todo ello en un contexto preelectoral, donde el presidente Petro ha propuesto incluir en las elecciones de 2026 una papeleta para convocar una asamblea constituyente.

Un pulso institucional sin tregua

La decisión de Cepeda de sancionar las leyes objetadas por el Ejecutivo profundiza el pulso institucional entre Congreso y Presidencia. Mientras el Legislativo defiende su autonomía y acusa al Gobierno de actuar por fuera de los plazos constitucionales, la Casa de Nariño insiste en que algunas de estas normas vulneran la Carta Magna y afectan pilares de su modelo económico y social.

Con una agenda legislativa recargada y un clima político cada vez más polarizado, todo indica que este no será el último episodio de confrontación entre dos poderes enfrentados en un año clave para las reformas estructurales y el futuro político del país.