El reciente informe de Human Rights Watch sobre la situación en el Putumayo es demoledor. Según la directora de la División de las Américas de la organización, Juanita Goebertus, “los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población. Mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas y castigan severamente a quienes las desobedecen”.

El drama en el terreno

Pese a los esfuerzos declarados del Gobierno por avanzar hacia la sustitución de cultivos ilícitos, el panorama en Putumayo es sombrío. Grupos como los Comandos de la Frontera, el Frente Raúl Reyes y el Frente Carolina Ramírez han consolidado su control territorial. En varias localidades se denuncian asesinatos de líderes comunitarios, reclutamiento de menores, confinamientos, trabajos forzados y la imposición de normas paralelas que reemplazan la autoridad estatal.

Testimonios recogidos por la organización describen escenas de terror: comunidades obligadas a enterrar cadáveres para ocultar homicidios, presionadas para respaldar públicamente a los grupos armados y forzadas a mantener cultivos de coca a pesar de los acuerdos de sustitución.

¿Paz Total? Un balance incierto

Los hallazgos contrastan con el discurso oficial de disminución de la violencia. Según el Gobierno del presidente Gustavo Petro, los homicidios estarían a la baja gracias a la política de seguridad y al enfoque de la llamada “Paz Total”. Sin embargo, investigaciones independientes como las de la Fundación Ideas para la Paz y el Centro Externadista de Paz cuestionan esa versión.

Datos recientes indican que 2025 ya registra más homicidios que 2024, y que el trienio del actual gobierno supera en asesinatos los periodos equivalentes de las administraciones anteriores. Algunas regiones —especialmente la Caribe, Bogotá y el Catatumbo— muestran incrementos inquietantes, asociados a disputas entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, bandas urbanas y redes transnacionales.

Mientras tanto, aunque 13 departamentos presentan disminuciones, los aumentos en territorios críticos sugieren un deterioro nacional heterogéneo y una creciente incapacidad estatal para imponer autoridad real en zonas donde la presencia institucional es frágil.

Una advertencia urgente al Estado: la paz no se decreta, se construye

El informe de Human Rights Watch plantea una conclusión contundente: no basta con reducir cultivos o firmar acuerdos formales. La legitimidad de cualquier iniciativa de paz requiere una presencia estatal efectiva que garantice justicia, protección y derechos básicos, especialmente para comunidades rurales e indígenas que enfrentan los mayores riesgos.

Sin ello, advierte la organización, lo que se consolida no es la paz, sino un sistema paralelo de control armado, sostenido por el miedo y encubierto por estadísticas oficiales que no reflejan la totalidad de los hechos.

Con el senador Iván Cepeda como principal candidato del continuismo político en 2026, la discusión sobre seguridad será inevitable. La “Paz Total”, más que una promesa, se ha convertido en el centro de un debate urgente: si seguirá siendo una apuesta fallida o si será replanteada ante la evidencia acumulada del deterioro en los territorios.