El Gobierno Nacional abrió un nuevo frente de polémica con su más reciente propuesta económica: un decreto del Ministerio de Hacienda que impone una retención del 1,5% a las transacciones hechas a través de plataformas digitales como Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B, el sistema de pagos creado por el Banco de la República.

En teoría, la medida busca “nivelar la cancha” frente a los pagos con tarjetas, que ya tienen esa retención. En la práctica, podría ser un golpe directo a los micronegocios y a la inclusión financiera que el propio Gobierno dice querer impulsar.

Un impuesto que llega disfrazado de “retención”

El documento, firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, justifica la medida como una forma de evitar el “arbitraje” entre medios de pago. Pero detrás de la jerga técnica, varios analistas ven otra intención: recaudar más dinero para un Estado que busca liquidez en medio de una economía lenta y un déficit creciente.

“Esto no es una nivelación, es una contradicción. Mientras el Banco de la República impulsa Bre-B para eliminar barreras, Hacienda le pone un freno antes de arrancar”, señaló el consultor en tecnología financiera Francisco Gnecco.

El golpe silencioso a las tiendas y negocios pequeños

Aunque el 1,5% parezca poco, su impacto es devastador en la base de la economía: tiendas, peluquerías, panaderías, cafeterías y pequeños emprendedores que trabajan con márgenes del 3% al 7%.
Ese descuento —que se aplicaría automáticamente sobre cada venta— podría reducir las utilidades a la mitad.

“Lo que venden como modernización fiscal es en realidad una penalización al emprendimiento digital”, asegura Baudo Pineda, CEO de la plataforma de pagos Refácil. “Esa retención se vuelve un saldo a favor que nadie recupera, mientras la DIAN engorda su caja con dinero de la gente más pequeña del sistema”.

Bre-B: el sueño de inclusión que se desvanece

Bre-B nació como el gran experimento del Banco de la República para crear un “Nequi público”, gratuito y universal. En apenas tres meses, ya cuenta con más de 32 millones de usuarios registrados, un hito sin precedentes en la digitalización financiera del país.

Pero si el decreto se aprueba, ese sueño podría desmoronarse antes de despegar. Los pagos dejarían de ser gratuitos y los usuarios tendrían que asumir un costo mayor incluso que el odiado 4×1000.

La senadora Angélica Lozano, una de las voces más críticas del Gobierno, lo resumió sin rodeos:

“El objetivo era promover la digitalización, no castigarla con impuestos. Ministro, no puede perjudicar a la gente por usar lo que funciona”.

Un Gobierno que se contradice a sí mismo

El contraste no podría ser más evidente: mientras el presidente Gustavo Petro habla de bancarizar a los sectores populares y modernizar la economía, su propio Ministerio de Hacienda impulsa una medida que castiga la formalización y empuja a la gente de vuelta al efectivo.

En un país donde el 86% de los pagos pequeños todavía se hacen en billetes y monedas, cargar con más impuestos a quienes usan medios digitales es una torpeza política y económica.

El decreto, que podría firmarse este viernes 25 de octubre, no solo amenaza el despegue de Bre-B, sino que envía un mensaje contradictorio: en lugar de premiar la confianza en el sistema financiero, el Estado castiga la bancarización.

La pregunta que queda en el aire es simple pero contundente:
¿De qué sirve crear un sistema financiero más inclusivo si el propio Gobierno lo convierte en un nuevo frente de recaudo?