El país vive uno de los debates constitucionales más intensos en años. El detonante: el decreto 1172 de 2025 firmado por el presidente Gustavo Petro, con el que busca convocar una consulta popular para avanzar con reformas estructurales, incluida la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que el Senado negó el aval para realizarla.

En medio de esta tormenta jurídica y política, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz —asesinado en la toma del Palacio de Justicia de 1985—, se convirtió en una de las voces más críticas frente al decreto presidencial. En diálogo con La W Radio, Gaona calificó como un “exabrupto jurídico de proporciones históricas” la decisión del Ejecutivo de convocar al pueblo ignorando el concepto desfavorable del Congreso.

“El presidente no es un juez constitucional”

Durante el debate radial, Gaona fue enfático en que no existe ninguna norma en la Constitución que le otorgue al presidente el poder de ejercer control constitucional difuso, figura que solo aplican los jueces. “Decir que el presidente puede ejercer control constitucional difuso es falso; en Estados Unidos, donde nació ese concepto, ni siquiera el presidente lo ejerce”, afirmó el jurista.

Gaona sostuvo que usar la figura de la excepción de inconstitucionalidad como argumento para desconocer una decisión del Congreso representa una peligrosa distorsión del orden constitucional. “Esto no es una interpretación de la Constitución, es una reforma encubierta. El presidente no está por encima del Congreso”, añadió.

Montealegre: “No es un exabrupto, es una salida legítima”

Por su parte, Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y autor intelectual del decreto, defendió la legalidad de la consulta popular convocada por el presidente. “No se está ignorando la decisión del Congreso. Lo que se plantea es que el presidente tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la Constitución, y puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una decisión legislativa va en contra de ella”, aseguró Montealegre, también exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional.

Según el ministro, el decreto no es un capricho, sino una herramienta jurídica legítima basada en el entendimiento de que la Constitución colombiana permite tanto control concentrado como difuso, y que el Ejecutivo puede actuar frente a bloqueos institucionales.

¿Consulta o Asamblea Constituyente?

Montealegre reveló que, si la consulta popular no prospera, el presidente Petro contempla un plan B: convocar una Asamblea Nacional Constituyente. “Vivimos un bloqueo político que impide avances fundamentales. La Constitución del 91 ya no ofrece una salida viable para las transformaciones sociales necesarias”, dijo el ministro.

Sin embargo, Gaona advirtió que la verdadera intención del Gobierno es avanzar hacia una Constituyente sin los controles democráticos establecidos. “La consulta es solo un distractor. El verdadero objetivo es disolver el sistema de contrapesos. El bloqueo del que hablan se llama oposición, y eso es parte de cualquier democracia”, respondió.

El contexto y lo que está en juego

El 14 de mayo, el Senado negó el concepto favorable a la consulta con 49 votos en contra y 47 a favor. A pesar de ello, el Ejecutivo firmó el decreto para que se realice el próximo 7 de agosto, invocando la “excepción de inconstitucionalidad”. No obstante, la Registraduría Nacional suspendió temporalmente el proceso, alegando que hay múltiples demandas contra el decreto y que se requiere una decisión de la Corte Constitucional antes de avanzar.

Además del debate jurídico, se suman preocupaciones prácticas: el costo estimado de la votación es de 750.000 millones de pesos, y la logística electoral genera incertidumbre. “Está en juego la democracia”, advirtió el registrador Hernán Penagos, al suspender el trámite.

¿Quiénes son los protagonistas del debate?

• Eduardo Montealegre: Actual ministro de Justicia, exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional. Estudió derecho en el Externado, con formación en derecho penal y constitucional en Alemania. Es uno de los ideólogos del decreto de la consulta.

• Mauricio Gaona: Jurista formado en el Externado, con doctorados en derechos humanos de McGill y Harvard, y estudios en la Sorbona y UCLA. Exasesor del fiscal, contralor y Consejo de Estado. Reconocido por su defensa de la separación de poderes y la democracia constitucional.

¿Qué sigue?

El país espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que será decisivo. Si el alto tribunal declara inconstitucional el decreto y el Gobierno insiste, podría desatarse un choque institucional sin precedentes. En juego no solo está la validez de una consulta, sino el modelo de democracia que regirá en Colombia.

La posición de Gaona es clara: el respeto a la Constitución no es negociable, y ningún presidente debe saltarse los frenos y contrapesos del Estado de Derecho. La pregunta es si esta advertencia será escuchada a tiempo.