Una vez más, la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro se estrella contra la realidad. Lo que debía ser un debate técnico en la Comisión Séptima del Senado terminó convertido en un choque político de alta temperatura, donde el Ejecutivo mostró su talante autoritario y su falta de preparación.

La proposición presentada por la senadora Nadia Blel, que exige un aval fiscal serio antes de continuar la discusión, no debería ser motivo de escándalo. Es, de hecho, un acto mínimo de responsabilidad. Ningún Estado responsable aprueba una reforma estructural sin saber cuánto cuesta ni de dónde saldrán los recursos. Sin embargo, en lugar de responder con datos y sustento financiero, los ministros del Gobierno reaccionaron con gritos, acusaciones y descalificaciones.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, prefirió insultar a los senadores, llamándolos “inoperantes” y acusándolos de manipular hospitales con fines políticos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue aún más lejos: amenazó con una consulta popular para forzar la aprobación del proyecto. Una reacción que más parece un chantaje político que una salida democrática.

Lo que el país presenció fue un Gobierno sin brújula técnica, sin humildad política y sin respeto por la institucionalidad. El Ejecutivo no ha logrado presentar un aval fiscal sólido, ni estudios de impacto financiero, ni un plan de transición viable. En cambio, recurre a la confrontación y la victimización para justificar su incapacidad de construir consensos.

A la crisis política se suma el revés judicial: el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el Gobierno intentó implementar la reforma por la puerta de atrás. El alto tribunal recordó lo obvio: que la salud, como derecho fundamental y pilar de la seguridad social, solo puede ser modificada por ley. Es decir, por el Congreso, no por decreto.

El Gobierno Petro parece no entender que la democracia no se impone a punta de discursos incendiarios ni de consultas populares improvisadas. Gobernar es convencer, negociar, y sobre todo, respetar los procedimientos. Su insistencia en aprobar una reforma sin rigor técnico ni consenso político solo agrava la incertidumbre en un sector que, lejos de necesitar ideología, exige gestión, planeación y responsabilidad.

Cada nueva crisis revela lo mismo: un Gobierno que confunde liderazgo con imposición, y convicción con soberbia. La salud de los colombianos no puede ser rehén de un proyecto mal diseñado ni de un Ejecutivo que, en lugar de construir, se empeña en confrontar.