El presidente Gustavo Petro ha lanzado una nueva y polémica estrategia política tras la caída de su consulta popular en el Senado: una “huelga indefinida”, acompañada de cabildos abiertos y discursos que coquetean con la idea de una “revolución”. Todo esto, bajo el discurso de que “el pueblo” debe enfrentarse a la “oligarquía”.

Pero, ¿qué significa realmente esta huelga indefinida? El propio Gobierno ha evitado explicaciones claras. El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que se trataría de una iniciativa civil, no gubernamental. Sin embargo, el presidente ha sido quien la impulsó públicamente desde un mitin en Barranquilla, lo que deja entrever una intención política directa.

Más allá de los términos, se trata de una peligrosa ambigüedad institucional. El Ejecutivo estaría alentando movilizaciones masivas para presionar al Congreso y legitimar reformas que no han logrado el consenso legislativo. ¿Es esta una legítima expresión de participación ciudadana o una forma de cercar a las instituciones?

El presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció un paro nacional de 48 horas para el 28 y 29 de mayo en apoyo al Gobierno. Pero esta movilización parece más una demostración de fuerza política que una protesta social auténtica.

El riesgo es claro: una huelga indefinida sin objetivos concretos ni límites establecidos podría derivar en una radicalización de la agenda presidencial y un debilitamiento de los canales democráticos. Colombia necesita reformas, pero también necesita instituciones fuertes, diálogo real y respeto por los contrapesos del poder.

¿Estamos ante una movilización social legítima o ante una peligrosa maniobra para doblegar la institucionalidad?