El más reciente episodio protagonizado por el presidente Gustavo Petro y el abogado Abelardo de la Espriella vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: el uso político de información sin sustento verificable y el consecuente deterioro de la confianza en las instituciones de inteligencia del Estado.

Todo comenzó con una afirmación grave. El presidente sugirió la existencia de informes de inteligencia que vincularían a De la Espriella con supuestas maniobras para incidir en el contrato de pasaportes y, aún más delicado, con eventuales interferencias en el software de conteo electoral. En un país con una historia marcada por fraudes y desconfianza electoral, insinuaciones de este calibre no son menores: tienen la capacidad de incendiar el debate público y socavar la legitimidad democrática.

Sin embargo, lo que posteriormente salió a la luz dista mucho de un “informe de inteligencia”. El documento en cuestión sería, en realidad, un simple acuse de recibo de un mensaje anónimo. Es decir, no se trata de una pieza analítica, ni de un producto de verificación técnica, ni de un documento respaldado por trabajo de campo o inteligencia estructurada. Es apenas el registro administrativo de una alerta sin autor identificado.

La diferencia es sustancial. Un informe de inteligencia implica contraste de fuentes, análisis, validación y responsabilidad institucional. Un anónimo, en cambio, es el punto de partida más precario posible: carece de trazabilidad, de contexto y, sobre todo, de credibilidad intrínseca.

Aun así, la afirmación presidencial desató una reacción en cadena. Sectores afines amplificaron la versión, construyendo una narrativa de complot electoral que rápidamente se instaló en redes sociales. Del otro lado, el señalado respondió con dureza, negando cualquier vínculo y retando al Gobierno a presentar pruebas. El resultado: un debate público contaminado por acusaciones graves sin evidencia sólida.

Más preocupante aún es el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Si bien la entidad puede recibir todo tipo de información, su función no es actuar como caja de resonancia de rumores, sino como filtro técnico que separa lo verosímil de lo infundado. Cuando documentos preliminares o simples trámites administrativos terminan circulando como “pruebas”, la institución queda expuesta y su legitimidad se debilita.

Las inconsistencias señaladas en los documentos difundidos —desde diferencias en el número de páginas hasta firmas presuntamente irregulares— agravan el panorama. No solo se cuestiona el contenido, sino también la autenticidad y el manejo de la información. En inteligencia, la forma es tan importante como el fondo: un error documental puede ser tan dañino como una conclusión equivocada.

Este episodio no es aislado. Casos anteriores, también basados en denuncias anónimas, han derivado en decisiones o declaraciones de alto nivel que luego pierden sustento. La reiteración de este patrón sugiere un problema más profundo: la tentación de convertir información sin verificar en herramienta política.

El riesgo es doble. Por un lado, se afecta el derecho al buen nombre de las personas señaladas sin pruebas. Por otro, se trivializa el trabajo de inteligencia, que debería operar bajo estándares estrictos de rigor y confidencialidad. Cuando todo puede ser “inteligencia”, nada lo es realmente.

En un contexto preelectoral, la prudencia debería ser la regla. Las denuncias de fraude o manipulación electoral requieren evidencias contundentes, no insinuaciones. De lo contrario, se abre la puerta a una peligrosa normalización de la sospecha, donde cualquier resultado puede ser cuestionado sin fundamento.

La responsabilidad, en este caso, recae en varios frentes. En el Gobierno, por elevar a categoría de “informe” lo que no lo es. En los amplificadores políticos, por reproducir versiones sin verificar. Y en las instituciones, por no blindar adecuadamente sus procesos frente a filtraciones o interpretaciones indebidas.

La democracia no solo se sostiene en votos, sino en confianza. Y esa confianza se erosiona cada vez que el poder utiliza información frágil para construir relatos de alto impacto. Si no se corrige el rumbo, el costo no será únicamente reputacional: será institucional.