A menos de un año de que termine su mandato, el presidente Gustavo Petro enfrenta uno de los balances más complejos de su administración: el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, que actúa como la hoja de ruta del llamado “Gobierno del Cambio”.

Con corte al 30 de junio de 2025, el Plan muestra un avance general del 58,23% según los datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero el cumplimiento numérico no necesariamente se traduce en transformaciones profundas. Aunque algunos sectores y metas avanzan con solidez, expertos y exfuncionarios advierten que sin coordinación entre la Nación y las regiones, el impacto real del PND puede quedarse a medio camino.

Cumplimiento desigual

El Plan está estructurado en ocho ejes de transformación. Entre los más adelantados se encuentran:

• Seguridad humana y justicia social: 64,69%

• Convergencia regional: 60,89%

• Transformación productiva e internacionalización: 59,45%

• Derecho humano a la alimentación: 59,02%

En cambio, los avances más bajos se concentran en:

• Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental: 40,48%

• Actores diferenciales para el cambio: 50,93%

• Paz total e integral: 56,52%

Estos últimos son precisamente los ejes que exigen una mayor intervención estructural, trabajo interinstitucional y capacidad de articulación territorial.

“Avanza, pero no articula”

El diagnóstico técnico contrasta con la visión de quienes estuvieron detrás del diseño del Plan. Jorge Iván González, exdirector del DNP y una de las figuras clave en la formulación del PND, es claro al señalar las fallas institucionales que han limitado su ejecución:

“La planeación en Colombia tiene una dificultad estructural: no hay una institucionalidad que mantenga proyectos estratégicos entre gobiernos. Cambiamos prioridades con demasiada flexibilidad, incluso irresponsabilidad”, afirmó González.

Uno de los casos emblemáticos es la planta de tratamiento Canoas, clave para descontaminar el río Bogotá, que sigue sin concluirse pese a ser un proyecto estratégico desde hace más de una década. Otro ejemplo es la falta de acueductos en municipios del Pacífico, a pesar de ser una de las regiones más lluviosas del planeta.

“No hacemos nada si un alcalde decide que en vez de acueducto construye un coliseo. Mientras no haya jerarquías claras ni capacidad de imponer prioridades nacionales, seguiremos estancados”, añadió el exdirector.

Falta institucional, no solo voluntad

Los datos del DNP también reflejan que los sectores con mayor ejecución son los que tienen menos dependencia de lo local, como Inteligencia (100%), Defensa (95,5%) y Cultura (79,3%). Por el contrario, sectores como Interior (32,05%), Presidencia (40,88%) y Transporte (43,03%) muestran los mayores rezagos, precisamente aquellos que dependen de la articulación intergubernamental y la capacidad de ejecutar en el territorio.

Frente a este problema, el Gobierno trabaja en una Ley de Competencias, que busca aclarar qué funciones corresponden a la Nación y cuáles a los entes territoriales. Sin embargo, expertos temen que este debate se convierta en una pelea por presupuestos y no en una discusión técnica sobre cómo garantizar el desarrollo estructural del país.

¿Cambio real o promesa incumplida?

El Plan Nacional de Desarrollo refleja una paradoja: los números pueden avanzar, pero el país no necesariamente lo hace al mismo ritmo. La desconexión entre el centro y las regiones, la fragilidad institucional para imponer prioridades estratégicas, y la falta de continuidad en políticas de largo plazo siguen siendo los principales obstáculos.

A un año de finalizar su administración, el Gobierno Petro todavía tiene la oportunidad de mejorar la ejecución del PND. Pero esa ventana se cierra rápido, y muchos municipios aún esperan que el «cambio» se traduzca en agua potable, conectividad, justicia social y equidad real.

Como dijo Jorge Iván González:

“Todavía hay oportunidad de hacer las cosas bien, pero el reloj corre”.