En una acción sin precedentes en los últimos años, 17 de los 32 gobernadores del país se declararon en desacuerdo con el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. La medida, que busca movilizar recursos para el sector salud y el pago de deudas del Estado, ha sido percibida por los mandatarios regionales como un atentado a la autonomía fiscal de sus departamentos.

La cumbre de gobernadores realizada en Bogotá dejó claro que las regiones no están dispuestas a ceder frente a lo que consideran un exceso de poder del Ejecutivo. Figuras tradicionalmente cercanas al gobierno, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se sumaron al bloque de resistencia, evidenciando la magnitud de la oposición interna.

Tres frentes de resistencia

Los gobernadores han diseñado una estrategia jurídica y administrativa de tres pasos para frenar la implementación del decreto:

1. Tutelatón masiva: Cada mandatario interpondrá una acción de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes.

2. No aplicabilidad: Algunos departamentos, liderados por Antioquia, evaluarán aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” para ignorar la medida, especialmente en lo referente a impuestos al consumo, como licores y cigarrillos.

3. Delegación ante la Corte Constitucional: Gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño solicitarán ser escuchados formalmente ante la Corte para explicar por qué el decreto “asfixia financieramente a las regiones”.

Antioquia lidera la resistencia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se convirtió en vocero de la rebelión. Según su análisis, la aplicación inmediata del decreto generaría un impacto desproporcionado en las finanzas departamentales y representa una amenaza a la autonomía fiscal, incluso antes de que la Corte Constitucional realice su control automático.

En el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que se está preparando un documento jurídico para que los departamentos no apliquen la medida hasta recibir el concepto oficial de la Corte. Por su parte, la gobernadora del Meta calificó la coordinación del Gobierno con las regiones como una “desarticulación catastrófica” y afirmó que el decreto es “violatorio” del orden constitucional.

Pulso institucional en desarrollo

Con el país en medio de un intenso debate sobre autonomía regional y urgencia fiscal, el futuro del decreto de emergencia económica queda ahora en manos de la Corte Constitucional. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de estas medidas para estabilizar la economía, los gobernadores advierten que no permitirán que la autonomía territorial sea sacrificada en el proceso.

El episodio marca un nuevo capítulo de tensión entre la Casa de Nariño y las gobernaciones, y evidencia que la discusión sobre recursos y competencias seguirá siendo protagonista en la agenda nacional durante las próximas semanas.