En un país donde la seguridad está constantemente bajo la amenaza de estructuras criminales que no entienden de reglas, el control político de las Fuerzas Militares y de Policía debe estar claro, y debe ser respetuoso de los límites constitucionales. El reciente escándalo sobre la intervención de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, en los operativos contra el crimen organizado en Antioquia, revela un fenómeno mucho más grave que simples presiones: es la usurpación del mando que corresponde a los uniformados y que pone en riesgo la estabilidad institucional.

Durante las últimas semanas, altos mandos de la Fuerza Pública, incluidos ocho generales activos y en retiro, han denunciado la intervención directa de Zuleta en operativos militares y policiales contra estructuras criminales en el departamento de Antioquia. La congresista no solo presionó para frenar combates, sino que también cuestionó decisiones tácticas y operativas de los uniformados. Las pruebas, que incluyen mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y testimonios de oficiales, no dejan lugar a dudas: el poder civil no debe sobrepasar la línea de lo político y lo institucional en cuestiones de seguridad.

Zuleta, en su rol de senadora, podría tener legítimos derechos de fiscalización. Sin embargo, lo que está ocurriendo es una forma de interferencia que pone en entredicho los límites entre el poder civil y el mando de las Fuerzas Armadas. En varias ocasiones, la congresista habría solicitado detener combates cruciales bajo el pretexto de que se estaba atacando a “mineros tradicionales” en medio de enfrentamientos con las disidencias de las Farc y otros grupos criminales. Sin embargo, como lo confirma la información de los oficiales, estos “mineros” estaban armados, usaban ropa de guerrilleros y, en algunos casos, reclutaban menores de edad para proteger sus actividades ilegales. Si esta es la forma en la que Zuleta entiende la “defensa de las comunidades”, estamos ante un enfoque peligroso que podría estar protegiendo intereses criminales.

Los testimonios no son aislados. Uno de los momentos más escandalosos ocurrió el 17 de julio de 2023, cuando, según las denuncias, la senadora llamó a un oficial durante un combate entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc en Ituango, su tierra natal. Según los testimonios de varios oficiales, Zuleta intentó frenar el ataque asegurando que se estaba afectando a los mineros. La realidad es que estos “mineros” estaban armados, atacando a los militares, y portaban prendas de guerrilleros. En la misma fecha, un colaborador cercano de la senadora, Johan Edisson Giraldo, se comunicó con otro general, pidiendo explícitamente que no cometieran “una equivocación” con los nombres de personas que, según sus versiones, estaban siendo perseguidas en el marco de esa operación. No es un caso aislado. De hecho, los generales mencionan que los reclamos no solo se limitaron a este evento, sino que se repitieron en varias ocasiones con respecto a operativos contra el Clan del Golfo, el ELN y otras organizaciones criminales.

Pero lo que resulta más alarmante es la capacidad que la senadora ha demostrado para movilizar su influencia política, no solo sobre la Fuerza Pública, sino también sobre el proceso de justicia. Durante varios operativos, Zuleta cuestionó investigaciones de la Policía sobre minería ilegal, reclamando que no se estaban considerando las “necesidades sociales” de los mineros. Pero en estos territorios, la minería ilegal no solo representa un desafío económico para quienes se ven atrapados en la ilegalidad: también financia el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia.

La denuncia de que Zuleta también buscó frenar operativos contra las disidencias de las Farc en Medellín y el Valle de Aburrá, pues estos podrían interferir con los procesos de paz en los que está involucrada, añade otra capa de complejidad. Como coordinadora de la mesa de diálogo de la cárcel de Itagüí, la senadora tiene una gran responsabilidad, pero también un enorme conflicto de intereses. ¿Es posible sentarse a negociar con actores criminales y, al mismo tiempo, impedir las acciones judiciales que podrían debilitar a estos mismos actores?

El desgaste de los altos mandos de la Fuerza Pública también es preocupante. Algunos oficiales, temerosos de represalias, habrían cedido a las presiones de la senadora, modificando sus decisiones operativas para evitar problemas de ascensos o conflictos internos. Cuando se interfiere con el trabajo de las Fuerzas Armadas de esa manera, la línea entre control político y manipulación política se borra. No solo se afecta la capacidad de reacción frente a grupos armados ilegales, sino que también se erosiona la confianza interna dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de todos los colombianos.

La politización de las Fuerzas Armadas, como lo evidencia este caso, es uno de los mayores riesgos para la democracia. Cuando los intereses de un grupo político se anteponen a la misión institucional de proteger la seguridad de los ciudadanos, no solo se pone en peligro la lucha contra el crimen, sino que también se debilita el Estado de derecho. La Fuerza Pública debe actuar con independencia, guiada únicamente por la ley, no por los intereses de un político en particular.

El papel de la senadora Isabel Cristina Zuleta, en lugar de ser el de una interlocutora que busque mejorar la situación de las comunidades más vulnerables, parece más bien el de una pieza clave en la mediación de negociaciones con grupos criminales. Su actitud, si se confirman las denuncias, no solo es inaceptable desde una perspectiva ética, sino que puede tener consecuencias graves para la seguridad nacional.

En resumen, lo que estamos viendo es un proceso de desinstitucionalización peligrosa que favorece la impunidad y obstaculiza las funciones de las autoridades. La seguridad y la justicia en Colombia no deben estar sujetas a las exigencias de políticos que, desde el Congreso, buscan moldear la acción de la Fuerza Pública a su voluntad. Lo que está en juego aquí es mucho más que una pugna entre poderosos: es el futuro de un país que aún sufre las secuelas de décadas de violencia y descontrol.

La Fuerza Pública debe continuar con su trabajo, libre de presiones externas. Y si los funcionarios encargados de la seguridad son realmente sometidos a amenazas o coacciones, debe existir una respuesta institucional clara y contundente para evitar que las líneas de mando se diluyan en la burocracia política. Sin esas garantías, Colombia podría estar enfrentando un nuevo desafío mucho más grave que el crimen organizado: la usurpación del poder.