La Corte Constitucional de Colombia lleva a cabo este lunes una audiencia pública liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para analizar la posible anulación de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Esta ley otorga a los departamentos productores de aguardiente la facultad de restringir la venta de otros aguardientes por un período de hasta seis años, argumentando la protección de la producción local.

Las demandas acumuladas en la Corte buscan tumbar estas normas, que establecen un régimen de monopolio rentístico de licores destilados en los departamentos que producen aguardiente. Según los demandantes, esta legislación no solo afecta la economía local, sino que también infringe las libertades civiles al limitar la competencia y la libre elección de los consumidores.

Durante la audiencia, la procuradora general, Margarita Cabello, se posicionó a favor de la conservación de la norma, argumentando que la protección especial del aguardiente beneficia a los departamentos productores al proporcionar ingresos adicionales que financian programas locales.

El abogado demandante, Julio Andrés Ossa, advirtió que el debate va más allá de cuestiones económicas, planteando preguntas sobre la legitimidad de las entidades territoriales para restringir la competencia y las libertades individuales. “Es una cuestión de hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de la libertad humana”, expresó Ossa.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también participó en la audiencia, señalando que actualmente solo siete departamentos en Colombia producen aguardiente, mientras que otros ejercen derechos de monopolio sin ser productores directos. Bonilla destacó la discrepancia entre la producción y los ingresos generados, cuestionando la dependencia de la financiación de la salud en el consumo de licores: “Desafortunadamente, para efectos de lo que hoy tiene discusión, la salud se financia con el vicio”, indicó.

La decisión de la Corte podría tener un impacto significativo en la regulación del aguardiente en Colombia y en la dinámica de mercado en el sector de licores. La audiencia es parte de un debate más amplio sobre la necesidad de equilibrar la protección de la producción local con la promoción de la libre competencia y los derechos de los consumidores.

La expectativa es alta mientras los magistrados evalúan los argumentos presentados, y la comunidad espera una decisión que podría redefinir el panorama del sector de licores en el país.