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El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta un lío judicial que no solo compromete su patrimonio personal, sino que también amenaza con destapar nuevas irregularidades en el manejo de las campañas del Pacto Histórico.
Un juez de Bogotá ordenó el embargo de su salario y de un apartamento por una deuda de $1.200 millones con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), contrato que Jaramillo firmó en 2022 como gerente de la campaña al Senado del Pacto. El servicio, que debía pagarse con la reposición de votos, nunca fue cancelado.
Jaramillo quiere trasladar la deuda a los partidos
El ministro alega que no debe responder con su patrimonio, pues actuó en calidad de gerente y no de contratante individual. En su defensa, aseguró que los responsables son los partidos de la coalición y el Comité Político del Pacto, integrado por líderes como Gustavo Petro, Paulino Riascos, Martha Peralta, Jaime Caicedo, Alexander López y Gabriel Becerra.
“En ningún momento asumí obligaciones a nombre propio, sino en representación del comité”, argumentó Jaramillo, quien busca que los partidos respondan ante la justicia.
Los vuelos que usó Petro, no el Senado
El caso se complica porque la Corte Suprema de Justicia determinó que los vuelos contratados con Sadi fueron utilizados principalmente para la campaña presidencial de Gustavo Petro, y no para mover a candidatos al Senado. Aun así, Jaramillo cargó la deuda a la lista del Pacto al Congreso, distribuyendo el gasto entre los primeros 20 candidatos.
Esta conclusión llevó a que la Corte compulsara copias a la Fiscalía, para que investigue posibles delitos electorales por la forma en que se manejaron las cuentas.
Plata que no alcanzó
Aunque la campaña al Senado recibió más de $14.400 millones en reposición de votos, esos recursos se usaron para pagar créditos con la cooperativa Confiar, que también llegó a demandar a la coalición por incumplimientos. El dinero no alcanzó para cubrir todas las deudas, entre ellas la de Sadi.
En consecuencia, el embargo sobre Jaramillo sigue en firme y amenaza con profundizar los problemas financieros del Pacto, que podría llegar debilitado a las elecciones de 2026 si la justicia obliga a los partidos a responder.
Un nuevo golpe al Pacto Histórico
El escándalo no solo compromete al ministro de Salud. También golpea al movimiento de gobierno, pues en paralelo Sadi adelanta otro proceso judicial contra la campaña presidencial de Petro y su gerente Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), por otra deuda cercana a $1.100 millones.
Así, mientras Jaramillo lucha por liberar su salario, el Pacto enfrenta la posibilidad de más embargos, investigaciones judiciales y un descrédito mayor sobre la transparencia en el manejo de sus campañas.





