En una declaración judicial que ha causado revuelo, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, aseguró que Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tenía pleno conocimiento de las irregularidades en la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira. Ortiz hizo estas afirmaciones durante una audiencia ante la jueza tercera de control de garantías en Bogotá, donde además manifestó que Sarabia habría conspirado en su contra para incriminarla.

Las acusaciones contra Sarabia

“Ella tiene mucho poder y me armó este complot”, declaró Ortiz, refiriéndose a Sarabia, quien según la exconsejera, desestimó sus advertencias sobre las graves irregularidades en la contratación de los carrotanques. Ortiz afirmó tener pruebas documentales que respaldan su versión, incluyendo trazabilidad de correos y registros en computadores. “Ese show que están armando desde la Presidencia y en los medios de comunicación, es un complot. Querían un chivo expiatorio porque sí hubo corrupción”, denunció.

La exfuncionaria también expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, aludiendo al supuesto poder que Sarabia ejerce dentro del gobierno y su cercanía al presidente Gustavo Petro.

Medida de aseguramiento para Ortiz

Durante la audiencia, la jueza respaldó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para Ortiz, quien será trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. La Fiscalía argumentó que Ortiz representa un riesgo para el proceso judicial, ya que podría intentar influir sobre testigos o entorpecer las diligencias.

La defensa de Ortiz, no obstante, insistió en que su cliente debería ser recluida en una guarnición militar debido a las amenazas contra su integridad. Esta petición será evaluada por la juez en los próximos días.

Implicaciones del caso

El escándalo, que involucra un contrato millonario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), también apunta a presuntas entregas de dinero al senador Iván Name. Según la Fiscalía, Ortiz habría actuado como intermediaria para canalizar 3.000 millones de pesos provenientes de la contratación irregular.

La fiscal María Cristina Patiño explicó que las evidencias incluyen grabaciones de conversaciones en las que Ortiz supuestamente solicitó la adición de contratos en beneficio de Name. “Se puede inferir de manera razonable que la consejera utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador”, sostuvo la fiscal durante la audiencia.

Lo que sigue

Mientras la juez define el lugar de reclusión de Ortiz, el caso sigue generando controversia por sus implicaciones políticas. Laura Sarabia, quien hasta ahora no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, enfrenta un escrutinio creciente por su presunta participación o conocimiento de los hechos.

La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en la alta esfera gubernamental y las posibles consecuencias para el actual gobierno en medio de una investigación que promete nuevas revelaciones. Ortiz, por su parte, insiste en su inocencia y asegura que demostrará que es víctima de una conspiración.