La Corte Suprema de Justicia emitió una alerta sobre la posibilidad de que un esquema de compra de apoyos políticos en el Congreso, relacionado con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), siga activo. La advertencia surge pese a los procesos judiciales en curso, y plantea serias dudas sobre la integridad de algunas decisiones legislativas recientes.

“Existen indicios suficientes para considerar que los mecanismos de compra de votos podrían estar operando aún en algunos sectores del Congreso”, indicó la Corte en su comunicado oficial.

Antecedentes del caso UNGRD

El caso UNGRD se originó tras descubrirse posibles irregularidades en la asignación de recursos públicos y contratos de gestión de riesgo, que habrían sido utilizados para influir en la aprobación de proyectos y respaldos políticos en el Congreso.

Durante la investigación, se detectó que algunos congresistas habrían recibido beneficios o dádivas a cambio de su voto o apoyo a ciertos proyectos relacionados con la UNGRD, configurando presuntos delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias.

Congresistas implicados

Hasta ahora, la investigación ha señalado a varios legisladores:

• Karen Manrique, representante por las curules de paz

• Wadith Manzur y Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador

• Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal

• Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde (actualmente fuera del Congreso)

Algunos de ellos, como Manzur y Bitar, han sido capturados y permanecen detenidos, incluso tras su reelección en recientes elecciones, lo que refleja la complejidad del caso y su impacto en la política nacional.

Señales de un patrón persistente

La Corte Suprema destacó que los documentos incautados, testimonios y evidencias sugieren que los mecanismos de compra de votos no se limitan a los congresistas ya identificados, sino que podrían extenderse a otros actores políticos y fases de la agenda legislativa. Esto sugiere la existencia de un patrón sistémico de corrupción que podría continuar si no se establecen controles más estrictos.

“La estructura de corrupción detectada podría seguir operando, lo que requiere atención inmediata de los órganos de control y del propio Congreso”, indicó la Corte.

Implicaciones para la política y la ciudadanía

El caso ha generado preocupación sobre:

• La transparencia en el Congreso

• La integridad del ejercicio público

• La capacidad de los órganos judiciales para sancionar y prevenir prácticas corruptas de alto nivel

Expertos en ética y política advierten que la continuidad de estos esquemas podría socavar la confianza ciudadana en las instituciones y afectar decisiones legislativas críticas relacionadas con presupuestos y recursos públicos.

Repercusiones a nivel nacional

El caso UNGRD es considerado uno de los escándalos de corrupción más significativos del gobierno de Gustavo Petro, involucrando recursos públicos, contratación estatal y presuntos sobornos. La alerta de la Corte Suprema pone de manifiesto que, aunque algunos congresistas hayan sido detenidos, el riesgo de que el esquema continúe existe, y requiere vigilancia constante de autoridades y ciudadanos.