Los números no mienten, y el balance de la ejecución presupuestal del gobierno de Gustavo Petro en 2023 es alarmante. Este es el punto más bajo de inversión pública en los últimos 15 años. De los recursos destinados a inversión para ejecutar proyectos y transformar la realidad de millones de colombianos, solo se utilizó el 71.3%. Lo que debería ser el motor de cambio del gobierno terminó siendo un motor apagado, dejando $45.6 billones sin invertir. Es una cifra difícil de digerir, que pone en tela de juicio la capacidad del “gobierno del cambio” para materializar sus promesas.

Hay una línea cada vez más difusa entre la promesa de cambio estructural y el riesgo de que las mismas trabas de siempre perpetúen la parálisis de Colombia en áreas críticas. ¿Cómo es posible que, en medio de la grave crisis climática que afronta el país, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apenas ejecutara un 5.8% de su presupuesto? Los impactos de El Niño están a la vista, con sequías y desastres naturales que afectan a miles. Sin embargo, la UNGRD, un organismo clave para la atención de emergencias, no logró poner en marcha ni el 10% de sus recursos. ¿Es esto resultado de una falta de voluntad, de planeación o simplemente de una cadena burocrática asfixiante?

No basta con señalar las causas de la baja ejecución presupuestal. Sabemos que hay factores estructurales, como la tramitología y los procedimientos complejos, que bloquean el uso de recursos. Pero ¿qué está haciendo el gobierno para superar esos obstáculos? Si el “gobierno del cambio” no logra cortar esa maraña de burocracia, entonces la promesa de transformación quedará en una vaga declaración de intenciones. Emitir resoluciones, como la que permite contratación directa, es un paso necesario pero tardío. Este es el tipo de medidas que debieron estar sobre la mesa desde el primer día.

La realidad es que, aunque sectores como Igualdad y Educación reportan altos índices de ejecución, el balance general deja mucho que desear. ¿Cómo se explica que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), una entidad clave, apenas haya ejecutado el 16% de sus recursos? En este punto, resulta inevitable preguntarse si la propia cúpula del Ejecutivo está dispuesta o siquiera preparada para el cambio que promete.

La mala planeación, como apunta la congresista Katherine Miranda, es otra razón de fondo. Esto, sin duda, es una crítica contundente que merece una revisión. La planeación financiera es el núcleo de cualquier programa de gobierno, y, en este caso, se ha convertido en el talón de Aquiles de la administración Petro. Al final, ¿de qué sirve un presupuesto históricamente alto si no hay capacidad para gastarlo eficientemente? Es una frustrante ironía: el recurso existe, pero la falta de planificación adecuada y la maraña burocrática lo mantienen congelado.

De cara a 2024, el panorama luce sombrío. La meta de ejecutar $502.6 billones parece ambiciosa y poco realista cuando aún no se han superado los problemas de ejecución actuales. Y como si no fuera suficiente, hay $13 billones sin destinación específica, dinero que debería estar asignado a obras fundamentales como el metro de Bogotá o el metro ligero de Medellín. Con cada proyecto de infraestructura o programa social que queda en el aire, la promesa de cambio de Petro pierde terreno frente a la realidad.

Petro tiene ante sí una oportunidad y un desafío. O su gobierno logra hacer los ajustes necesarios para que el presupuesto realmente impulse el cambio, o pasará a la historia como otra administración que se ahogó en sus propias promesas. La clave no está en prometer más, sino en gestionar mejor. La paciencia de los colombianos no es infinita, y el tiempo para cumplir esa promesa de cambio está comenzando a agotarse.