La reciente alza del salario mínimo en Colombia, decretada en un 23 % por el presidente Gustavo Petro, abrió un intenso debate nacional. Mientras distintos sectores celebran el incremento como un avance en materia de justicia laboral, las trabajadoras domésticas advierten un escenario distinto: más despidos, informalidad y acuerdos por debajo de la ley para no perder el empleo.

Así lo manifestó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas (Sintrasedom), quien expresó su preocupación por el impacto real que tendría la medida en uno de los gremios históricamente más vulnerables del país. Según Hurtado, el aumento podría provocar que muchos empleadores decidan prescindir del servicio doméstico ante el mayor costo laboral.

“Ya tenemos compañeras despedidas. Les dijeron que no volvieran porque no tenían cómo pagarles. Nos enfrentamos a dos caminos: o quedarnos desempleadas o negociar con la patrona para que nos paguen lo que puedan”, afirmó la dirigente sindical.

Aunque Hurtado aclaró que el gremio respalda el aumento salarial, sostuvo que sin medidas de acompañamiento y control por parte del Estado, la decisión podría empujar a miles de trabajadoras hacia la informalidad. En ese sentido, insistió en la necesidad de que el Gobierno garantice la aplicación plena del Convenio 189 de la OIT, que protege los derechos de las trabajadoras domésticas.

Críticas directas a Francia Márquez

El malestar del sector no solo se dirige al Ejecutivo en general, sino que también alcanzó a la vicepresidenta Francia Márquez. Hurtado lanzó fuertes cuestionamientos por lo que considera una falta de acercamiento con el gremio, pese a que Márquez ha reivindicado públicamente su origen popular y su pasado como trabajadora doméstica.

“Ella anda en helicóptero. Nunca nos llamó, nunca nos escuchó. Cuando pedí una cita, la agenda estaba llena por dos años. A nosotras nos usaron en campaña y después nos cerraron la puerta”, aseguró Hurtado en declaraciones a medios nacionales.

La presidenta de Sintrasedom también cuestionó el uso de helicópteros oficiales por parte de la vicepresidenta, tema que Márquez ha defendido al señalar que se trata de medidas de seguridad propias de su cargo. “Que no vuelvan a caer en la trampa. Nunca vimos interés real por el gremio”, enfatizó la líder sindical.

Por su parte, Francia Márquez ha reiterado que el Estado debe garantizar su seguridad y que el uso de estos medios de transporte no es un privilegio personal, sino una obligación institucional.

Un debate que apenas comienza

El incremento del salario mínimo, que alcanzó los $2.000.000 incluyendo el auxilio de transporte, sigue generando posiciones encontradas. Mientras sectores sociales lo celebran como un avance histórico, gremios empresariales han advertido sobre posibles efectos negativos en el empleo, especialmente en sectores sensibles como el trabajo doméstico.

Entre el respaldo a la mejora salarial y el temor al desempleo, miles de trabajadoras domésticas esperan que el Gobierno adopte medidas concretas que eviten que una política pensada para dignificar el trabajo termine profundizando su precarización.

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