El más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) sobre seguridad, violencia y derechos humanos a nivel mundial encendió las alarmas sobre la situación que atraviesa Colombia, en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto armado y un escenario electoral decisivo de cara a 2026.

Según la organización internacional, en el país no solo persiste una guerra de larga data, sino que existe una profunda deuda institucional con las víctimas, agravada por la débil respuesta del Estado frente a la expansión de los grupos armados ilegales, la violencia contra líderes sociales y la impunidad judicial.

En su radiografía de Colombia, HRW señala que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no han logrado proteger de manera efectiva a la población civil, ni garantizar el acceso a la justicia, ni avanzar de forma significativa en la investigación y desmantelamiento de las estructuras criminales. Mientras tanto, los indicadores de violencia continúan en ascenso.

De acuerdo con el informe, durante 2025 el secuestro aumentó más del 190%, el confinamiento creció en un 50%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó en más del 270% y la tasa de homicidios subió un 1,4%. Así lo explicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien advirtió que estas cifras reflejan un deterioro sostenido de la seguridad.

Uno de los puntos más críticos del informe es la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, al menos 1.500 líderes han sido asesinados. Solo entre enero y septiembre de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 157 denuncias de homicidios de líderes en Colombia.

En materia judicial, el panorama es igualmente preocupante. De las 1.381 investigaciones abiertas por la Fiscalía entre 2016 y 2024 por asesinatos de defensores de derechos humanos, solo el 38% ha tenido imputaciones y apenas el 16,5% ha terminado en condenas, dejando la mayoría de los casos en la impunidad.

HRW también cuestionó la falta de una política de persecución penal estratégica para desmantelar el crimen organizado. Según Goebertus, la desarticulación entre la política de seguridad y la política de “paz total” del Gobierno ha facilitado que organizaciones armadas amplíen su control territorial, incluso mientras participan en procesos de negociación.

En ese sentido, el informe expresó especial preocupación por la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para avanzar en diálogos con el Clan del Golfo, una medida adoptada en diciembre de 2025 que suspende órdenes de captura, incluso de personas solicitadas en extradición. Para HRW, estas decisiones podrían fortalecer militarmente a los grupos ilegales.

Como antecedente, la organización recordó la crisis humanitaria en el Catatumbo a comienzos de 2025, cuando enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln provocaron el desplazamiento forzado de más de 64.000 personas. Según el informe, los ceses al fuego permitieron la expansión territorial de los grupos armados, en lugar de reducir la violencia.

El documento también advierte sobre presuntos casos de corrupción dentro de las Fuerzas Militares, incluyendo posibles filtraciones de información a grupos ilegales, hechos que, de confirmarse, pondrían en grave riesgo la seguridad nacional.

Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de la fuerza pública en los últimos tres años, insiste en la necesidad de reformas estructurales, especialmente para limitar la jurisdicción de la Justicia Penal Militar en casos de violaciones de derechos humanos.

El informe concluye que durante 2025 el desplazamiento forzado aumentó un 84% y que más de 137.000 personas fueron confinadas por enfrentamientos armados en regiones como Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Además, el reclutamiento forzado de menores alcanzó su punto más alto en 2024, con 625 casos reportados.

En un país que se prepara para elecciones legislativas y presidenciales en 2026, Human Rights Watch advierte que existen serios riesgos para los derechos civiles y políticos en al menos 224 municipios. Para la organización, las cifras y el trabajo de campo conducen a una conclusión contundente: la política de paz total y la estrategia de seguridad del Gobierno no han logrado frenar la violencia ni garantizar la protección de la población.