El anuncio del Gobierno nacional sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, presentado como un avance en equidad y justicia social, abrió de inmediato un fuerte debate en el sector salud. Aunque el Ministerio de Salud confirmó que los recursos para el aseguramiento superarán los $101,3 billones, expertos, gremios y analistas advierten que el ajuste es insuficiente, especialmente para el régimen contributivo, y que podría profundizar los problemas estructurales del sistema.

Según el Ministerio, la UPC del régimen contributivo aumentará 9,03%, mientras que la del régimen subsidiado crecerá 16,49%, una diferencia que el Gobierno justifica en la necesidad de cerrar brechas históricas y cumplir órdenes de la Corte Constitucional. En términos absolutos, el incremento total será de $11,6 billones, al pasar de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones en 2026.

Sin embargo, la lectura crítica desde el sector salud es otra.

“Migajas” frente a un rezago acumulado

Gremios como la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO) calificaron el aumento del 9,03% para el contributivo como claramente insuficiente. De acuerdo con sus estimaciones técnicas, el ajuste requerido debía ser mínimo del 15%, teniendo en cuenta el rezago que arrastra la UPC desde 2024.

“El sistema viene desfinanciado desde hace varios años. La UPC de 2025 debió crecer alrededor del 16% y solo subió 5,3%. Ese hueco no se cerró y ahora se profundiza”, advirtió un vocero del sector. Para los expertos, el incremento anunciado no cubre el crecimiento real de costos médicos, medicamentos, tecnologías y servicios, lo que se traducirá en mayores barreras de acceso para los pacientes.

¿Cumplimiento formal de la Corte?

Aunque el Gobierno sostiene que el ajuste responde a las órdenes de la Corte Constitucional, varios analistas aseguran que se trata de un cumplimiento más discursivo que estructural. “Subir la UPC entre 9% y 10% permite al Ejecutivo decir que aumentó más que la inflación, pero sigue siendo insuficiente. Es una narrativa que no resuelve el problema de fondo”, señalan expertos independientes.

En ese sentido, cuestionan que no se haya concertado una cifra técnicamente sustentada y que, una vez más, la decisión se haya tomado de manera unilateral, pese a las mesas de diálogo con el sector.

El foco en el subsidiado y las EPS intervenidas

Otro de los puntos que genera controversia es el mayor incremento al régimen subsidiado. Si bien el Gobierno lo presenta como un acto de justicia social, críticos advierten que buena parte de esos recursos podrían terminar en EPS intervenidas por el Estado, como Nueva EPS, que concentra millones de afiliados.

Además, recuerdan que cerca del 30% de los recursos del subsidiado se destinan a la oferta, es decir, a infraestructura y dotación en los territorios, un esquema que, según alertas previas del propio sector, puede abrir espacio a manejo político de los recursos sin garantizar mejoras inmediatas en la atención de los pacientes.

Los pacientes, en el centro de la crisis

Más allá de la disputa técnica y política, los gremios coinciden en un punto: los principales afectados serán los pacientes. Un sistema que sigue desfinanciado implica demoras en autorizaciones, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y mayor presión sobre hospitales y clínicas.

“Seguimos ampliando una brecha que impacta directamente la vida y la salud de los colombianos”, advirtió el sector, que hizo un nuevo llamado a la concertación y a revisar el ajuste antes de su implementación definitiva.

Mientras el Gobierno defiende el incremento como un paso hacia la equidad, el debate deja en evidencia una tensión de fondo: más recursos en el papel no necesariamente significan un sistema sostenible, si no se corrige el rezago histórico de la UPC y no se garantiza que el dinero llegue efectivamente a la atención de los pacientes.