El Congreso de la República de Colombia, que debería ser un símbolo de justicia y equidad, se ha convertido en el escenario de una preocupante realidad: el acoso sexual y la falta de respuesta efectiva ante las denuncias de las víctimas. La reciente aparición de letreros en los baños de mujeres dentro del Capitolio, con frases como «aquí a los acosadores les renuevan el contrato» y «rompimos el silencio y nada pasó», expone un problema que persiste a pesar de los protocolos establecidos.

Tania Acero, una de las denunciantes, ha hecho público su caso y el de muchas otras mujeres que han sido víctimas de acoso y abuso sexual en esta institución. Su historia es la de una lucha contra un sistema que parece más preocupado por proteger a los agresores que por garantizar un entorno seguro para sus trabajadoras. Su agresor, Juan Camilo Díaz, continúa vinculado al Congreso, a pesar de las denuncias formales ante la Fiscalía y la ruta de violencia de género de la institución.

«Desde que denuncié en diciembre de 2024, solo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras. No he tenido ningún acompañamiento psicológico ni protección real. Se supone que deben brindarme apoyo, pero en la realidad, el protocolo de atención se quedó en el papel», afirma Acero. Su testimonio refleja la desprotección en la que quedan las víctimas, quienes no solo enfrentan el trauma de la violencia, sino también la indiferencia institucional.

El «Informe Final del Protocolo» revela que hasta julio de 2023 se habían reportado nueve denuncias de acoso en el Congreso. Sin embargo, en 2024 solo se ha registrado un caso. La falta de seguimiento y de sanción a los responsables lleva a la pregunta: ¿Cuántos casos más quedan en la impunidad porque las víctimas temen hablar?

Tania Acero no está sola. Desde que hizo su denuncia, ha recibido testimonios de otras mujeres que también han sido acosadas en el Congreso. «Somos muchas las chicas que nos hemos sentido con miedo en estas instalaciones. Queremos que las denuncias sean reales, que sean atendidas y que se tomen acciones frente a estos casos», expresa.

El Congreso cuenta con una ruta de atención a la violencia de género que incluye apoyo psicológico, seguimiento legal y medidas de protección. Pero, en la práctica, la experiencia de las víctimas sugiere que esta ruta es insuficiente o simplemente no se cumple. La falta de voluntad para aplicar sanciones a los agresores y la renovación de sus contratos a pesar de las denuncias, envía un mensaje claro: en el Congreso, el acoso se tolera.

Es urgente que el Congreso, como institución que representa a la ciudadanía, asuma su responsabilidad y garantice espacios libres de violencia. No basta con protocolos escritos; es necesario que las denuncias sean atendidas con celeridad y que los agresores sean retirados de sus cargos. Si la institución encargada de legislar sobre derechos humanos y equidad de género no puede proteger a sus propias trabajadoras, ¿Qué mensaje está enviando al país?

Las mujeres que alzaron su voz en el Congreso han demostrado valentía. Ahora le corresponde a la institución demostrar que la justicia no es solo un discurso político, sino una realidad tangible para quienes la necesitan.