La adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta —mejor conocida como la Nueva Ruta de la Seda— ha encendido las alarmas en Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido que no respaldará con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ni otras entidades multilaterales, los proyectos donde estén involucradas empresas estatales chinas en América Latina, una postura que podría afectar directamente obras estratégicas en Colombia como el Metro de Bogotá.

La principal preocupación de EE. UU. se centra en el uso de fondos internacionales, muchos de ellos con aportes estadounidenses, para financiar proyectos de infraestructura ejecutados por empresas como CRRC, el gigante ferroviario chino que participa en la construcción de la Línea 2 del Metro capitalino. Este proyecto, aprobado por el BID con un crédito de 415 millones de dólares, podría enfrentar ahora un bloqueo indirecto por parte de Washington.

Aunque el comunicado estadounidense no menciona de forma explícita a Colombia ni al Metro de Bogotá, fuentes diplomáticas advierten que la advertencia abarca a todos los países de la región involucrados en la Ruta de la Seda, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay.

La respuesta de Colombia llegó desde Pekín. En el marco de la reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China, el presidente Gustavo Petro firmó la adhesión del país al megaproyecto económico y geopolítico liderado por el gobierno de Xi Jinping. En su discurso, Petro defendió su decisión como un intento por “cerrar el déficit comercial de 14.000 millones de dólares con China” y lograr una mayor inserción global para Colombia.

“No tengo ningún resentimiento ni resquemor con los Estados Unidos. Espero que podamos seguir siendo socios de tú a tú”, expresó el mandatario desde la capital china, consciente del delicado equilibrio que enfrenta su política exterior.

¿Fin del idilio con Washington?

Colombia ha sido, por décadas, uno de los principales aliados de EE. UU. en la región, una relación cimentada en cooperación militar, económica y diplomática. Sin embargo, los recientes roces —como la crisis de enero por las deportaciones y el desmantelamiento de la agencia USAID bajo el gobierno de Donald Trump— han debilitado esos vínculos.

La decisión de Petro de abrir las puertas a un mayor protagonismo de China refleja una tendencia regional que preocupa a la Casa Blanca: el avance sostenido del gigante asiático en sectores estratégicos de América Latina. Xi Jinping, en el marco del encuentro con líderes latinoamericanos, anunció una nueva línea de crédito de más de 9.000 millones de dólares para proyectos en transición energética, agroindustria, movilidad e inteligencia artificial.

Aunque la Cancillería colombiana aclara que la firma con China “no es un tratado ni un documento con obligaciones legales”, el acto tiene un claro valor simbólico y estratégico: señala un viraje diplomático en el que Colombia busca diversificar sus socios y reducir su histórica dependencia de EE. UU.

Un dilema geopolítico y económico

Para Colombia, la encrucijada es evidente. Por un lado, se abren oportunidades de inversión con China que prometen desarrollo e infraestructura a gran escala. Por el otro, se arriesga a deteriorar una relación clave con EE. UU., el principal destino de sus exportaciones y antiguo socio de confianza en cooperación y seguridad.

La posición estadounidense deja claro que cualquier acercamiento con China no será gratuito. “Los dólares de los contribuyentes norteamericanos NO DEBEN utilizarse para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”, recalcó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, enviando una señal contundente no solo a Bogotá, sino al resto de la región.

Mientras tanto, Colombia navega una etapa de redefinición diplomática. Petro ha optado por una política exterior multipolar que busca independencia, pero también lo expone a tensiones con sus aliados tradicionales. En este ajedrez geopolítico, cada movimiento cuenta, y las consecuencias podrían impactar directamente el desarrollo de obras fundamentales para el país.