Faltan cuatro días para que entre en vigor la Ley de Garantías, y el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, un proyecto estratégico que transformaría la movilidad y la economía de la región, sigue detenido por la falta de firma del Gobierno nacional para garantizar el 70 % de los recursos. A pesar de que los estudios de factibilidad están listos y la Gobernación del Valle, junto con municipios como Cali y Palmira, han cumplido todos los requisitos técnicos y financieros, la megaobra enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre política.

La obra, que en su primera etapa conectará Cali con Jamundí y posteriormente con Yumbo y Palmira, está diseñada para transportar más de 55 millones de pasajeros al año, reducir los tiempos de desplazamiento, descongestionar las vías y fomentar el uso de transporte público eléctrico. Sin embargo, los avances acumulados en más de una década corren riesgo de diluirse por la falta de decisión del Gobierno nacional.

“Este tren es más que rieles, es conexión, trabajo y confianza en el futuro”, aseguró María Fernanda Santa, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el Occidente. “Si no se firma la cofinanciación ahora, el proyecto podría retrasarse más de dos años”.

Desde Bogotá, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, asegura que el tren “será una realidad”, pero no ha presentado documentos formales que respalden los desembolsos, dejando a la región en un limbo de promesas incumplidas. Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, el tren representa una deuda histórica con el suroccidente y una herramienta clave para la equidad territorial.

El retraso ha generado críticas desde gremios, empresarios y líderes políticos de la región. El exconcejal Juan Martín Bravo señaló que “frenar el proyecto es mezquindad con Cali y el Valle”, mientras que el analista político Edwin Maldonado afirmó que quienes bloquean la obra por cálculos políticos son “traidores a la región”.

El bloque parlamentario vallecaucano, con representantes de diferentes partidos, ha solicitado la firma inmediata del convenio, recordando que un nuevo aplazamiento implicaría rehacer estudios, renegociar con financiadores y perder más de dos años de avances.

Para la ciudadanía, el tren simboliza más que infraestructura: es un reconocimiento a una región que históricamente ha aportado significativamente al PIB nacional pero ha sido relegada en inversión pública. “El Valle no pide favores, exige equidad. Y el tren es el símbolo de esa deuda pendiente”, afirmó un líder gremial local.

A medida que el reloj avanza hacia el 8 de noviembre, la pregunta es clara: ¿cumplirá el Gobierno Petro con su promesa o volverá a dejar al Valle del Cauca en la estación de los proyectos inconclusos?