En una nueva controversia sobre la administración de bienes destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha manifestado que al menos 105 fincas, que suman 7.169 hectáreas, no figuran en el inventario oficial del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas.

La denuncia fue confirmada por Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, tras una reunión con la Fiscalía General de la Nación. Según la funcionaria, Mancuso ha cooperado en el proceso para esclarecer la situación de los bienes que entregó a las autoridades, pero cuya ubicación y registro oficial son ahora inciertos.

“Fue el mismo Mancuso quien nos informó que 105 bienes no aparecen en el Fondo de Reparación. Su compromiso es ayudarnos a esclarecer esta situación, pero hemos solicitado a la Fiscalía que intensifique las investigaciones para identificar y recuperar esos activos, muchos de los cuales las víctimas aseguran que aún no han sido transferidos o están bajo ocupación irregular”, indicó Solano.

Zonas clave de desaparición

De acuerdo con los registros preliminares, las propiedades en cuestión están ubicadas principalmente en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, áreas donde Mancuso lideró el Bloque Catatumbo de las AUC. Entre los activos no registrados también figuran 23 mulas, cinco millones de pesos en efectivo y el dinero producto de la venta de un predio.

En declaraciones previas, Mancuso reveló que desde 2007 comenzó la entrega de bienes a las autoridades, pero enfrentó obstáculos burocráticos. En 2024, alertó sobre una discrepancia de más de 380 propiedades entre lo que entregó y lo que figura en los inventarios oficiales.

Más casos de bienes no inventariados

El caso de Mancuso no es aislado. Según datos de la Unidad para las Víctimas, al menos 306 propiedades adicionales, vinculadas a otros excomandantes como Jorge 40, Macaco y HH, tampoco están registradas. La entidad ha instado a las autoridades a escuchar nuevamente a los exjefes paramilitares para recabar información que facilite la localización de estos bienes.

“La Fiscalía intensificará acciones para asegurar que estos activos cumplan su propósito reparador”, aseguró la Unidad.

Este caso reaviva las tensiones sobre la efectividad del proceso de Justicia y Paz y la necesidad urgente de garantizar que las víctimas reciban las reparaciones prometidas. La colaboración entre las entidades del Estado será clave para resolver esta compleja situación y recuperar la confianza en las instituciones encargadas de la reparación integral.