A poco más de un mes de la posesión presidencial, el capítulo político más tenso del empalme no viene de un contrato cuestionado ni de un nombramiento de última hora, sino de una jugada que involucra directamente al propio presidente saliente. Gustavo Petro dejó entrever, en un extenso mensaje en X, que respaldaría la demanda de nulidad electoral contra Abelardo de la Espriella, en un movimiento que reabre la pregunta que muchos preferían dar por cerrada: ¿está el mandatario realmente dispuesto a entregar el poder el 7 de agosto?

El origen: una respuesta a Carlos Alonso Lucio

Todo comenzó con un mensaje de Petro en respuesta a Carlos Alonso Lucio, uno de los coordinadores del proceso de empalme del gobierno entrante. En ese texto, el presidente fue explícito sobre la ruta que tomaría el sector oficialista frente a los resultados de la segunda vuelta: «Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ningúna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo», escribió.

Con esa frase, el jefe de Estado no solo confirmó que apoya la vía judicial contra la elección de su sucesor, sino que dio a entender que existirían otros recursos legales adicionales, que hasta el momento no ha precisado.

Quién encabeza la demanda y en qué se basa

La acción judicial que menciona Petro corresponde a la que lidera el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien habilitó una plataforma virtual para recolectar firmas de ciudadanos que quieran sumarse como demandantes, mientras él se mantiene como el principal.

El documento, dirigido contra el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se sostiene sobre tres pilares. El primero, de carácter jurídico: la doble nacionalidad colombo-estadounidense de De la Espriella. El segundo, más difícil de probar en un proceso judicial: que el hoy presidente electo, según el texto de la demanda, «realizó de forma reiterada, sistemática y masiva declaraciones públicas que generaron un clima de miedo, hostigamiento psicológico y coacción sobre amplios sectores del electorado». El tercero apunta a una presunta injerencia extranjera, señalando el respaldo público que recibió De la Espriella por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La pretensión que cambia el tablero: frenar la posesión

Lo que distingue a esta demanda de un simple reclamo sobre la declaratoria de elección es su alcance. No se trata solo de pedirle al Consejo de Estado que revise si el proceso electoral se ajustó a la ley, sino de solicitar una medida cautelar para suspender la ceremonia de transmisión de mando, prevista para el 7 de agosto. Es decir, buscarían frenar, al menos temporalmente, la posesión de un presidente ya elegido en las urnas.

Será la Sección Quinta del Consejo de Estado la que deba decidir, en primer lugar, si admite la demanda, y en segundo lugar, si accede a esa medida cautelar. Es un escenario sin muchos precedentes recientes en Colombia: una disputa judicial que pretende intervenir directamente sobre el momento protocolario del relevo presidencial, en lugar de resolverse después, con el nuevo gobierno ya instalado.

«Fase de resistencia activa»: el otro anuncio que generó ruido

En el mismo mensaje, Petro retomó un concepto que ya había mencionado antes: la «fase de resistencia activa». El presidente advirtió que «si el Gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles». Es una declaración que profundiza la tensión política, sobre todo porque llega de parte de quien todavía ejerce como jefe de Estado, y que ha sido cuestionada por sectores políticos que le han pedido reconocer sin ambigüedades el resultado de las elecciones.

Petro también adelantó una tercera línea de acción, esta de carácter personal: anunció que abrirá procesos civiles por calumnia e injuria contra quienes, según sus palabras, usen «sus odios y complejos a través del delito» en su contra, la de su familia o la del progresismo, aclarando que actuará en ese frente «ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos» los colombianos.

Un dato que contrasta con la retórica

Vale la pena poner en contexto una de las frases más fuertes del mandatario en su mensaje: se refirió al gobierno entrante señalando que «el fascismo colombiano que llega al poder no tuvo las mayorías de Colombia». Es una afirmación que no se corresponde con los resultados oficiales de la segunda vuelta, en los que De la Espriella resultó elegido con la mayoría de los votos válidos bajo las reglas constitucionales vigentes. La discrepancia entre esa lectura y el resultado certificado por la autoridad electoral es, en sí misma, parte de lo que está en juego en este pulso: mientras una parte del país da por cerrado el proceso electoral, otra insiste en cuestionar su legitimidad por la vía judicial y política.

Lo que viene

El anuncio de esta demanda se suma a un clima de tensión que ya venía acumulándose desde la primera reunión de empalme, marcada por alertas sobre contratos, vigencias futuras y nombramientos de última hora del gobierno saliente. Ahora se le suma un frente distinto: uno que no tiene que ver con la administración de recursos públicos, sino con la validez misma del proceso que llevará a De la Espriella a la Presidencia.

La pregunta que queda abierta, a 33 días de la posesión, no es solo si el Consejo de Estado admitirá la demanda, sino qué tan lejos está dispuesto a llegar el sector oficialista en su intento de cuestionar un resultado electoral que, hasta ahora, cuenta con el respaldo formal de las autoridades competentes.