En medio de la revisión que adelanta el equipo de empalme sobre contratos, vigencias futuras y nombramientos de última hora del Gobierno Petro, aparece un nuevo caso que combina dos ingredientes sensibles: la creación exprés de una notaría en una de las zonas comerciales más grandes de Bogotá, y el nombramiento de una abogada con un pasado profesional que hoy genera cuestionamientos.

Lo que se sabe hasta ahora

El pasado 5 de junio se creó la notaría 82 del círculo de Bogotá, ubicada en San Victorino, el sector comercial del centro de la ciudad donde operan más de 11.000 pequeños empresarios repartidos en 57 centros comerciales y 3.500 establecimientos, con un flujo importante de dinero en efectivo y transacciones bancarias.

Lo curioso es que ni el saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ni el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, tienen total claridad sobre cómo se gestó el proceso. Cuervo explicó que al ministerio la situación le llega jurídicamente ya resuelta desde la Superintendencia, que es la entidad que determina si existe o no necesidad del servicio; su rol se limita a revisar requisitos y firmar el decreto si se cumplen. Agudelo, por su parte, dijo que cuando llegó al cargo el estudio sobre la conveniencia de esa notaría ya estaba hecho.

El nombre que circula en la entidad

Según fuentes consultadas por El Tiempo dentro de la propia Superintendencia, quien habría impulsado la creación de esa notaría es la representante María Fernanda Carrascal, cabeza de lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá.

Consultada directamente, Carrascal negó estar detrás de la iniciativa, pero sí reconoció haber intervenido en el proceso. Según su versión, desde 2020 comerciantes de la zona le venían pidiendo ayuda porque una notaría que originalmente les correspondía —creada en el gobierno Duque— había sido trasladada a otro lugar, dejando a la comunidad sin ese servicio. Cuando llegó el Gobierno Petro, esos mismos comerciantes la buscaron de nuevo para gestionar una reunión y solicitar formalmente la reapertura de una notaría en el sector. La representante defendió que se trató de una necesidad documentada técnicamente y sostuvo: «yo no me inventé una notaría».

Es un punto que vale la pena subrayar: hasta ahora no hay evidencia pública de que el proceso haya incumplido los requisitos técnicos que exige este tipo de decisión. La pregunta que se está planteando dentro de la entidad no es tanto sobre la necesidad del servicio, sino sobre qué tanta influencia política tuvo una congresista en activar un trámite que, según la propia Carrascal, llevaba cerca de dos años en trámite.

El otro frente: quién queda a cargo del despacho

Más allá de cómo se creó la notaría, el punto que más preocupa a funcionarios de la Superintendencia es quién terminará al frente de ese nuevo despacho, justo después de que se conociera una serie de nombramientos de notarios cercanos al entorno del Gobierno saliente en otras ciudades del país. Entre ellos, se ha mencionado a una hija del presidente de Coljuegos —directivo de Colombia Humana, el partido del presidente Petro— y a una abogada cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En ese mismo contexto, dentro de la entidad se está pidiendo indagar el paso de la abogada María del Pilar Murillo Rodríguez, quien en un documento de junio de 2025 aparece como asesora del despacho del Superintendente y de la oficina de comunicaciones. Su hoja de vida incluye un antecedente que ha llamado la atención: antes de llegar a la Superintendencia trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Gustavo Bolívar y luego pasó al Ministerio de Defensa en la época de Iván Velásquez. Documentos radicados ante la Corte Constitucional la ubican, en ese periodo, ejerciendo la defensa legal de Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como alias Jesús Santrich.

El Tiempo intentó contactar a la abogada para conocer su versión sobre los cuestionamientos por su paso en la entidad, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido.

Lo que sigue

El caso ya llegó a manos de Iván Cancino, el penalista que lidera el empalme del sector Justicia para el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella, quien tiene en su poder la investigación periodística sobre estos nombramientos de última hora y la creación de la notaría en San Victorino.

Por qué esto importa más allá del caso puntual

Este episodio se suma a un patrón que ya hemos venido documentando en este espacio: en las semanas finales de su mandato, el Gobierno Petro no solo comprometió billones de pesos en contratos y vigencias futuras para sectores como educación, infraestructura, salud y defensa, sino que también activó una serie de nombramientos y decisiones administrativas —notarías, cargos diplomáticos, cargos técnicos— que el próximo gobierno tendrá que revisar una por una.

El caso de San Victorino no prueba, por sí solo, una irregularidad. Pero sí es un ejemplo claro del tipo de decisiones que generan dudas cuando se toman en la recta final de una administración: procesos que pudieron tardar años en madurar terminan resolviéndose en cuestión de semanas, justo antes de que cambie el gobierno, con nombramientos que quedan en manos de personas cercanas al entorno político saliente y que el nuevo gobierno no eligió ni pudo controlar.

La revisión que anunció el equipo de empalme —que ya incluye este caso— será clave para determinar si se trata de decisiones administrativas legítimas y bien sustentadas, o si, como ocurrió con otros nombramientos ya revelados, la línea entre la necesidad del servicio público y la conveniencia política terminó siendo más delgada de lo que debería.