Mientras el país sigue asimilando que Colombia cerrará 2026 con uno de los mayores déficits fiscales del mundo y con una deuda pública que no deja de crecer, aparece un tercer frente que completa el panorama que recibirá el próximo gobierno: en su recta final, la administración Petro firmó contratos y comprometió vigencias futuras por más de $57 billones de pesos, recursos que deberán ejecutar —y pagar— los próximos gobiernos, algunos hasta 2036.

¿Qué son las «vigencias futuras» y por qué importan?

Antes de entrar en los números, vale la pena explicar el mecanismo. Una vigencia futura es una autorización que permite al Estado comprometer hoy un presupuesto que se ejecutará y pagará en años posteriores, incluso en administraciones distintas a la que la aprobó. Es una herramienta legal y necesaria para obras de infraestructura de largo aliento, que normalmente no se pueden construir en un solo periodo presidencial.

El problema no es que existan las vigencias futuras —son parte normal de la planeación estatal—, sino la magnitud y el momento en el que se están usando: en las últimas semanas de un gobierno que está a punto de entregar el poder, comprometiendo recursos que deberá honrar la administración entrante sin haber participado en la decisión de contratarlos.

Los $57 billones, sector por sector

Educación: $13 billones. El Ministerio de Educación adelanta procesos de infraestructura educativa con ejecución proyectada hasta 2036, dentro del Plan Nacional de Espacios Educativos. Incluyen una licitación de $6,2 billones y tres contratos de asistencia técnica que suman más de $6,8 billones para construcción, adecuación y mejoramiento de colegios. Dentro de este paquete llama la atención un contrato directo con la Universidad de Antioquia por más de $3,2 billones, que ya generó reparos de sectores políticos por dudas sobre la capacidad técnica para ejecutarlo, además de otro proceso superior a $3,8 billones con un consorcio entre esa misma universidad y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Infraestructura y salud: cerca de $18 billones. El programa «Vías para la Paz» compromete $15,05 billones con vigencias futuras entre 2026 y 2035, para 20 intervenciones viales en regiones como el Pacífico, Catatumbo, La Guajira, La Mojana, Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Huila y Putumayo. A eso se suman $3,02 billones para modernizar la red hospitalaria nacional entre 2026 y 2031, con los que se intervendrían 102 sedes hospitalarias y se dotarían 13 hospitales públicos.

Defensa: entre $13 billones y $157.000 millones, según el proceso. Este es, según el propio equipo de empalme, el frente que más preocupa. Las Fuerzas Militares y la Policía adelantan procesos por $13 billones amparados en un CONPES aprobado el 27 de marzo de 2026, que podrían quedar adjudicados antes del 7 de agosto. La distribución incluye $5,8 billones para el Ejército (aeronaves, blindados, antidrones e inteligencia), $3,4 billones para la Armada (embarcaciones fluviales, fragatas y vigilancia costera), $2,3 billones para la Policía (equipos tácticos) y $1,3 billones para la Fuerza Aeroespacial, incluyendo el programa de los aviones Gripen. Aparte, se estructura un contrato adicional del Ejército por $157.000 millones con compromisos a ocho años. Dentro de este bloque también está bajo la lupa el contrato del Escudo Nacional Antidrones, por $6,3 billones, cuestionado por posibles sobrecostos y dudas sobre el proceso de selección de proveedores.

Supernotariado: cerca de $19.439 millones. La entidad estructura un proceso para renovar infraestructura tecnológica y contratar consultoría en datos y centros de cómputo, todavía en fase de estudio de mercado.

¿Por qué se pueden firmar tantos contratos justo ahora?

Hay una explicación técnica detrás del momento: con el fin del periodo electoral se levantó la Ley de Garantías, que durante los meses previos a las elecciones restringe la contratación estatal. Al levantarse esa restricción, las entidades recuperaron la posibilidad de firmar convenios, reactivar proyectos suspendidos y adelantar procesos en sectores como infraestructura, educación, salud y conectividad.

Es decir, parte de esta ola de contratación es, hasta cierto punto, previsible dentro de las reglas del juego. Expertos en contratación estatal consultados por El Colombiano recuerdan que figuras como la contratación directa o los convenios interadministrativos siguen siendo mecanismos legales cuando cumplen los requisitos, y que las alertas de los organismos de control tienen un carácter preventivo, no sancionatorio por sí solas.

Pero el momento sí genera preguntas legítimas

Que algo sea legal no significa que esté libre de cuestionamientos, y aquí es donde se concentra la polémica. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera el proceso de empalme, ha sido enfático en que las alertas más fuertes están en Defensa y Cancillería. Sobre las compras de equipamiento militar señaló que se trata de decisiones «billonarias, entre 8 y 13 billones de pesos», tomadas a última hora, con compromisos gigantescos para el gobierno entrante y dudas sobre cómo se llevó el proceso de negociación.

En Cancillería, la preocupación tiene otro matiz: no es solo de plata, sino de nombramientos. Restrepo habló de un patrón de designaciones en provisionalidad de funcionarios cercanos al Gobierno actual, lo que en la práctica dificulta removerlos rápidamente y genera lo que él mismo describió como un «atornillamiento» en cargos clave durante un tiempo prolongado.

A eso se suma otro frente sensible: los nombramientos de notarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja, además de la creación de una nueva notaría en Bogotá. Entre los designados aparecen personas con vínculos cercanos al entorno presidencial, lo que ha generado cuestionamientos adicionales, aunque la Superintendencia de Notariado sostiene que las decisiones responden a vacancias reales y al cumplimiento de la normativa vigente.

El presidente, en su derecho constitucional

Frente a los cuestionamientos, el presidente Petro ha respondido con un argumento constitucional: su Gobierno conserva todas sus facultades hasta el 6 de agosto, fecha en la que formalmente termina su periodo. En esa misma línea, el ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió la continuidad de los procesos de infraestructura educativa, argumentando que el Gobierno debe seguir ejecutando su política hasta el último día.

Es un argumento válido desde lo jurídico: mientras un presidente tenga funciones vigentes, puede ejercerlas. La discusión de fondo, sin embargo, no es si tiene la facultad de hacerlo, sino si es razonable —desde el punto de vista de la planeación fiscal y la gobernabilidad— comprometer recursos por más de una década en las últimas semanas de un mandato, sin que la administración que deberá ejecutarlos y pagarlos haya tenido participación en esas decisiones.

Lo que viene: un empalme bajo lupa

La primera reunión formal entre el Gobierno saliente y el equipo de Abelardo De la Espriella ya se realizó en la Casa de Nariño, en un ambiente que las fuentes del proceso describen como tenso. El equipo entrante ha sido claro en que revisará la legalidad, conveniencia y sostenibilidad fiscal de cada contrato, vigencia futura y nombramiento hecho en esta recta final.

El panorama completo

Puesto en contexto con lo que ya hemos revisado en este espacio, la imagen que empieza a completarse es la de un país que llega al cambio de gobierno con tres cargas simultáneas: un déficit fiscal entre los más altos del mundo, una seguidilla de nuevas emisiones de deuda pública por billones de pesos, y ahora $57 billones adicionales comprometidos en contratos y vigencias futuras que se extienden hasta 2036.

Ninguno de estos tres elementos es, por sí solo, necesariamente irregular. Los déficits, la deuda y las vigencias futuras son herramientas normales de cualquier Estado. Pero la combinación de los tres, concentrada en las últimas semanas de un gobierno, es exactamente el tipo de escenario que obliga a preguntarse qué tanto margen de maniobra fiscal y administrativa tendrá realmente la próxima administración para gobernar con recursos propios, y cuánto de ese margen ya quedó comprometido antes de que asuma.