La tragedia de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, es una herida abierta que trasciende generaciones. Los hallazgos recientes de restos humanos en esta zona reavivan el profundo dolor de las víctimas del conflicto armado, quienes desde hace años claman por verdad y justicia. Pero, como ocurre demasiadas veces en Colombia, las tragedias humanas terminan atrapadas en el campo minado de la política.

En este contexto, las declaraciones de Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, han encendido el debate. Su crítica directa al presidente Gustavo Petro, a quien acusa de hacer “política con el dolor de las víctimas”, no es una afirmación menor. Arcila denuncia que el Gobierno nacional ha fallado en garantizar los recursos necesarios para atender a más de 350.000 víctimas del conflicto armado en Medellín, dejando la carga financiera en los hombros de los entes territoriales. Este señalamiento pone en el centro del debate una pregunta fundamental: ¿qué tan comprometido está el Estado con las víctimas cuando los recursos no llegan y las promesas quedan sin cumplir?

La falta de presupuesto para la atención de las víctimas no es solo un problema técnico o burocrático. Es una falla estructural que perpetúa el sufrimiento de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Mientras las instituciones disputan narrativas y responsabilidades, las familias continúan en un limbo emocional y jurídico. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los esfuerzos por la verdad y la reparación han sido tan fragmentados como las propias memorias del conflicto.

Arcila también ha lanzado un llamado urgente a alejar la politiquería de este proceso. En sus palabras, es lamentable que “algunos intenten generar odio, venganzas o estigmatizaciones” en lugar de trabajar en la búsqueda conjunta de los desaparecidos. Esta reflexión toca una fibra sensible en una sociedad donde las tragedias del pasado a menudo son instrumentalizadas para obtener beneficios políticos a corto plazo.

La búsqueda de la verdad en La Escombrera ha sido un camino plagado de obstáculos. No solo es el mayor vertedero de desaparecidos en Colombia, sino también un testimonio brutal de cómo la violencia se escondió bajo la tierra mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Recuperar los cuerpos que allí yacen no es solo una cuestión de técnica forense: es un acto de memoria y reconciliación.

La memoria colectiva no es un lienzo en blanco donde se puede pintar cualquier narrativa al antojo de los actores políticos. Los murales conmemorativos, como los creados en Medellín con la participación de las familias de las víctimas, demuestran que la memoria puede ser un puente hacia la paz, siempre que se construya con respeto y participación. El mural de la Terminal del Norte, que honra a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, es un ejemplo de cómo el arte puede convertirse en una herramienta de justicia simbólica cuando las instituciones no dan respuestas.

En este cruce de caminos entre memoria, política y dolor, es vital que las autoridades de todos los niveles trabajen unidas para garantizar que las víctimas no sean solo un número en un discurso. La promesa de Gustavo Petro de priorizar los derechos humanos y la verdad debe ser respaldada por acciones contundentes y presupuestos claros. La paz no se construye solo con palabras; se necesita voluntad política, recursos y, sobre todo, un profundo respeto por las historias que aún esperan ser contadas.

El conflicto armado dejó cicatrices que no se borran con declaraciones ni con gestos simbólicos vacíos. La Escombrera nos recuerda que el dolor de las víctimas sigue ahí, esperando justicia. Mientras la política se disputan las palabras, las madres y familias siguen cavando en busca de sus desaparecidos. Al final, la verdad no debe ser un trofeo político; debe ser el camino hacia la reconciliación que tanto necesitamos.