Ocaña, Norte de Santander – La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias desplazadas en la región del Catatumbo. De acuerdo con el procurador delegado, Javier Sarmiento, una comisión se trasladó al municipio de Ocaña para verificar que los auxilios estén siendo distribuidos correctamente.

Durante la inspección, se evidenció que algunas ayudas humanitarias estaban acumuladas en la sede de los bomberos de Ocaña sin ser entregadas a la población afectada. Además, se detectaron casos de fraccionamiento de mercados, lo que contraviene las disposiciones legales sobre la distribución de estos auxilios.

Falta de organización en la entrega de ayudas

El procurador Sarmiento expresó su preocupación ante la falta de coordinación en la entrega de los suministros. “Es alarmante que, en medio de esta crisis humanitaria, las ayudas no estén llegando a quienes más las necesitan. Hemos encontrado mercados sin distribuir y con fraccionamiento indebido”, afirmó.

Ante esta situación, hizo un llamado al alcalde de Ocaña y a su gabinete para que colaboren con la verificación de la distribución de las ayudas. “La Alcaldía es la encargada de garantizar que la entrega sea ordenada y equitativa. Se ha hecho un llamado de atención para que corrijan estas deficiencias”, agregó.

Crisis humanitaria en el Catatumbo

La crisis en la región del Catatumbo sigue en aumento, con cifras alarmantes que incluyen:

• Más de 52.000 personas desplazadas.
• Más de 32.000 personas confinadas debido a la violencia.
• 52 homicidios registrados, incluyendo 6 firmantes de paz asesinados y 12 excombatientes desaparecidos.

Además, el procurador advirtió sobre el riesgo que enfrentan los desplazados al retornar a sus hogares, especialmente por la presencia de minas antipersonal. “Es fundamental educar a la población sobre estos riesgos, ya que los programas de desminado están suspendidos debido a la crisis de orden público en la zona”, indicó.

Llamado a la acción

La Procuraduría continuará con el monitoreo de la situación y tomará las medidas necesarias para garantizar que los auxilios lleguen de manera justa y eficiente. Se espera que las autoridades locales actúen con prontitud para corregir las irregularidades detectadas y asegurar que los derechos de las comunidades afectadas sean respetados.

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