En medio de la crisis humanitaria y el creciente conflicto armado en el Catatumbo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha expedido una serie de decretos en el marco de la medida de conmoción interior, que le otorgan poderes excepcionales al Ejecutivo para manejar la situación. Sin embargo, estos decretos han generado fuertes controversias, especialmente por el otorgamiento de facultades para la contratación directa sin necesidad de un proceso meritocrático y la posibilidad de expropiaciones administrativas.

Contratación directa sin procesos meritocráticos

Uno de los decretos más polémicos es el Decreto 0107 de 2025, que establece que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) podrá contratar de manera directa a empresas, organizaciones y asociaciones para implementar medidas en zonas agrícolas afectadas por la violencia. Esta medida ha suscitado inquietudes, ya que, según el decreto, no se requiere convocatoria pública ni pluralidad de oferentes, lo que podría abrir la puerta a la contratación sin la debida transparencia.

El decreto, dirigido a garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de las zonas productivas afectadas por el conflicto armado, permite que la ADR realice contratos directos para garantizar la continuidad de las cosechas, el manejo de ganado y el acceso a sistemas de riego. Aunque el gobierno afirma que estas medidas buscan ayudar a los pequeños productores afectados por el desplazamiento forzado y el proceso de reincorporación de excombatientes, la falta de un proceso competitivo y transparentado ha generado desconfianza entre opositores y sectores de la sociedad civil.

Expropiación administrativa: ¿un golpe a la propiedad privada?

Además de la contratación directa, otro aspecto de los decretos que ha generado controversia es la autorización de la expropiación administrativa de tierras en las zonas afectadas por el conflicto armado. A través del Decreto 0108 de 2025, el gobierno habilita la figura de la expropiación para adquirir directamente terrenos en áreas afectadas por desplazamientos forzados y víctimas del conflicto, con el fin de garantizar su retorno y estabilización.

El artículo 4 de este decreto permite la expropiación sin el proceso judicial tradicional, lo que ha desatado críticas por parte de congresistas y defensores de los derechos de la propiedad. La congresista Katherine Miranda se pronunció en su cuenta de X (anteriormente Twitter), indicando que este tipo de medidas podrían vulnerar el derecho de propiedad privada y el debido proceso legal. La preocupación es que, al no haber un control judicial sobre estas decisiones, se corre el riesgo de que las medidas sean utilizadas de manera arbitraria.

La situación en el Catatumbo y el contexto del decreto

El decreto se emite en un contexto de creciente violencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc han desplazado a miles de personas. Según cifras oficiales, más de 52.000 personas han sido desplazadas y 52 han perdido la vida en los últimos meses debido a los enfrentamientos. La crisis humanitaria ha generado una urgente necesidad de intervención estatal, pero las medidas adoptadas por el Gobierno Petro también han puesto en evidencia las tensiones entre la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y el acceso a un proceso justo.

Implicaciones políticas y sociales

El Gobierno Petro ha defendido las medidas como necesarias para enfrentar una de las crisis más graves del país, pero la oposición, incluidos sectores políticos como la congresista Katherine Miranda, ha expresado su preocupación sobre el uso de la conmoción interior para tomar decisiones que deberían ser debatidas y aprobadas en el Congreso. La preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo de estos decretos en términos de transparencia y respeto por los derechos humanos continúa siendo un tema central de debate en Colombia.

Con el país aún esperando ver cómo se implementan estos decretos en la región del Catatumbo y el impacto que tendrán sobre la población, el debate sobre el poder presidencial en tiempos de conmoción interior y las garantías democráticas sigue vigente.