La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a presuntas irregularidades durante las inspecciones administrativas realizadas en marzo pasado a las sedes de la Registraduría y la Cancillería.

Según el ente de control, las diligencias adelantadas por la SIC en dichas entidades implicaron solicitudes y extracciones de información que, presuntamente, excedieron el objeto de la averiguación preliminar, afectando derechos fundamentales de los servidores públicos. Además, el Ministerio Público señaló que se pudo haber comprometido la confidencialidad del censo electoral y otra información institucional sensible.

Antecedentes del caso

Las inspecciones de la SIC tuvieron lugar los días 12 de marzo en la Registraduría y 14, 15 y 19 de marzo en la Cancillería. Durante las diligencias, se recolectó información sobre la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal.

En el caso de la Registraduría, la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral y copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares de funcionarios. Asimismo, la SIC visitó las oficinas de la empresa Thomas Greg & Sons (TGS), involucrada en la licitación de pasaportes con el Gobierno, con el fin de recopilar pruebas sobre posibles irregularidades contractuales.

Funcionarios y contratistas implicados

Entre los investigados se encuentra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, además de los funcionarios Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso. También figuran varios contratistas que participaron en las visitas a la Registraduría y Cancillería, entre ellos Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia y Daniel Leonardo Muñoz Manrique.

En cuanto a las diligencias en la Cancillería, se formularon cargos contra los contratistas María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso. Además, fueron incluidos Mario Alejandro Franco Vanegas, coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, y el contratista José Miguel Moreno Reina, quienes participaron en ambas visitas.

Calificación de las faltas

La Procuraduría calificó las presuntas conductas de Melo Rodríguez, Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso como una falta grave cometida a título de dolo.

Por otro lado, los contratistas involucrados fueron considerados como particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo que también son sujetos de la ley disciplinaria. La Procuraduría determinó que su presunta actuación corresponde a una falta gravísima cometida con dolo.

Con este pliego de cargos, se inicia el proceso disciplinario en el que los implicados podrán ejercer su derecho a la defensa ante el órgano de control.