La Fiscalía de Petro: Un Año de Lenta Justicia y Prioridades Selectivas

La Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo, cumple un año de gestión en medio de fuertes cuestionamientos. Su llegada al cargo estuvo marcada por una sombra de desconfianza, dado que fue ternada durante el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Hoy, sus detractores tienen razones de sobra para preguntarse: ¿es la Fiscal de bolsillo de Gustavo Petro?

Los resultados hablan por sí solos. Investigaciones clave que tocan al petrismo avanzan a paso de tortuga, mientras que los procesos contra opositores políticos parecen recibir un tratamiento preferencial. La investigación sobre la financiación de la campaña Petro Presidente, donde se han revelado testimonios explosivos y pruebas documentales, sigue sin avances significativos. Lo mismo ocurre con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el caso Odebrecht, cuyo grupo investigador fue reorganizado hace meses sin que hasta la fecha haya noticias de progresos concretos. En contraste, el juicio contra Álvaro Uribe avanza con una diligencia inusitada.

No se trata de pedir impunidad para nadie, sino de exigir imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la justicia. La Fiscalía no puede convertirse en un instrumento de persecución política ni en un escudo protector de los aliados del gobierno. Si las confesiones de Armando Benedetti y Nicolás Petro sobre la financiación ilegal de la campaña no han sido suficientes para encender las alarmas de la Fiscalía, ¿qué más se necesita?

El caso de la UNGRD es otro ejemplo de la doble moral con la que se maneja la justicia en Colombia. Mientras los exdirectivos de la entidad ya están en proceso de ser condenados, los exministros del petrismo que habrían participado en la supuesta «repartija» de contratos siguen intocables. Las pruebas existen, los testimonios están sobre la mesa, pero la Fiscalía se toma su tiempo, tal vez esperando que el escándalo se diluya en la opinión pública.

El silencio y la inacción también reinan en la investigación sobre Daily Cop, la captadora ilegal de dinero que presuntamente inyectó recursos en la campaña presidencial de Petro. La Fiscalía ha preferido mantener este caso en la penumbra, mientras el principal testigo denuncia amenazas en su contra. La justicia no solo debe ser ciega, también debe ser valiente, pero en este caso parece ser ciega para lo que conviene y cobarde ante el poder.

El gobierno y sus aliados insisten en que la Fiscalía trabaja con «seriedad» y que «los resultados llegarán en su debido tiempo». Sin embargo, los colombianos no pueden esperar indefinidamente mientras la justicia se convierte en un juego de intereses políticos. No se trata solo de un tema de legalidad, sino de confianza en las instituciones.

El verdadero reto de Luz Adriana Camargo en los próximos meses será demostrar que su Fiscalía no es un simple apéndice del petrismo. Si los casos que afectan al gobierno siguen estancados y los que afectan a la oposición continúan avanzando con velocidad, no habrá dudas de que la Fiscalía ha sido instrumentalizada para favorecer al poder de turno. La justicia selectiva es la muerte del Estado de Derecho, y Colombia no puede permitirse ese lujo.