El presidente Gustavo Petro ha vuelto a las plazas. Como orador de multitudes, sabe cómo encender los ánimos, polarizar la discusión y presentarse como el líder de una causa popular que lucha contra élites corruptas e indiferentes. Sin embargo, su más reciente discurso en Barranquilla, lejos de simplemente movilizar, plantea una serie de tensiones profundas sobre la democracia, la división de poderes y los límites del poder presidencial.

En su intervención, Petro aseguró que “no sueña con la reelección” y que no quiere convertirse en un “drogadicto del poder”, una afirmación que intenta marcar distancia frente a las voces —algunas incluso dentro de su movimiento— que lo alientan a buscar una reforma para reelegirse. No obstante, el tono mesiánico de su discurso y su insistencia en “delegar el liderazgo popular” a movimientos callejeros contradicen ese gesto de renuncia al poder. ¿Se puede no anhelar el poder y, al mismo tiempo, llamarse a sí mismo líder de una revolución?

Más preocupante que sus ambiciones personales es su ataque directo al Congreso, específicamente a los congresistas costeños que votaron en contra de la consulta popular. Petro los señaló con nombre y apellido, los acusó de traicionar al pueblo y prometió que no volverán a ser elegidos. Aunque la Constitución garantiza el derecho a la crítica, también protege la autonomía del legislativo. La inviolabilidad parlamentaria es un pilar de cualquier democracia: el Ejecutivo no puede convertir el desacuerdo político en persecución pública.

Además, su llamado a las calles para forzar la consulta, acompañado de instrucciones directas sobre cómo debe comportarse la movilización —»no atacar vidrios», «abrazar a la Fuerza Pública», «proteger la alimentación»— evidencia una estrategia que se mueve peligrosamente entre la movilización democrática y la presión callejera orquestada desde el poder. Como advirtió Humberto de la Calle, los paros no se hacen a favor de los gobiernos, y el uso del aparato estatal para promover protestas oficiales raya en lo contradictorio.

En otra parte del discurso, Petro lanzó una frase inquietante: “O cambiamos a Colombia o se nos desbarata entre la sangre de nuestros hijos”. El drama de esta retórica es evidente. El país no necesita más advertencias apocalípticas, sino liderazgos serenos, que construyan puentes y respeten los contrapesos institucionales. Lo que está en juego no es solo la aprobación de una consulta, sino la legitimidad del sistema político que Petro jura defender pero parece querer reescribir a su medida.

El presidente tiene razón en una cosa: Colombia no puede seguir siendo un país donde se compra el voto ni donde se desprecia la dignidad del trabajo. Pero esas causas justas se debilitan si se utilizan para justificar discursos incendiarios o presionar al Congreso por la vía de la agitación.

Petro aún tiene la posibilidad de demostrar que su proyecto es realmente transformador y no destructivo. Pero para lograrlo debe decidir si quiere ser un reformador dentro del sistema o el líder de una cruzada contra él.